El juez Baltasar Garzón tendrá que afrontar en el TS un proceso penal por un delito de prevaricación “palmario, remeditado, consciente y creyéndose impune” por su actuación en el proceso por la desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo. La querella que obligará a Garzón a comparecer como imputado ante el Supremo sostiene que el juez de la Audiencia Nacional montó un artilugio jurídico, prescindiendo del procedimiento establecido de la irretroactividad de la ley penal y de la ley de amnistía de 1977.

En resumen, que montó un caso consciente de la ilegalidad e incompetencia en la que incurría. ¿Quién juzga al juez?, nos hemos preguntado en muchas ocasiones, cuando sabiendo que no era competente en algunas causas él seguía adelante bordeando la legalidad. ¿Es posible que nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato? Ahora el magistrado tendrá que demostrar que no es un prevaricador, el delito más grave que puede cometer un representante de la Justicia. El tiempo lo dirá y tal vez sea el tiempo y el Tribunal Supremo quien ponga en su sitio al gato y al cascabel.

Pese a los intentos interesados de algunos por distorsionar la realidad, debe quedar claro que no estamos ante un debate político, moral, jurídico o histórico sobre el franquismo. No se trata de discutir lo que nadie cuestiona: que los españoles que aún yacen en fosas comunes deben ser recuperados por sus familiares y ver honrada su memoria. De lo que se trata es de dilucidar si un juez se excedió en el ejercicio de sus funciones para dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son.

Garzón se empeñó en seguir adelante con el caso cuando tenía planteado un recurso sobre su competencia, que incluso llevó en su día al fiscal jefe de la Audiencia a sugerir que actuaba de forma prevaricadora. Ahora, el Supremo podrá poner las cosas en su sitio pero, pase lo que pase, está claro que nadie ni siquiera los jueces, por muy mediáticos que sean, están por encima del bien y del mal. Así sea.