Ni a la suela de los zapatos

Romero y compañía pueden sentirse plenamente satisfechos. Han conseguido que los tribunales dicten una condena de nueve meses de prisión para una ciudadana honrada y trabajadora del pueblo de Los Barrios, titular de un negocio de hostelería –un bar, para entendernos– que era, además, único medio de subsistencia de ella y de toda su familia. Eso sí, también han conseguido que el exalcalde Alonso Rojas y el exconcejal socialista Antonio Rodríguez hayan sido condenados por prevaricación urbanística, que era, en realidad, lo que perseguían. No por el interés de Los Barrios y sus veintitrés mil ciudadanos, sino por el mezquino, miserable y perverso deseo de ver colmadas sus ansias de venganza. No obstante, yo les voy a contar la auténtica verdad sobre este tema, porque siento que debo hacerlo y porque creo que es justo que lo haga.
El señor Alonso Rojas y el señor Antonio Rodríguez no han sido condenados por haber robado o desfalcado ni nada que se le asemeje. Han sido condenados por una licencia de apertura otorgada con el informe favorable de los técnicos correspondientes de la Oficina de Urbanismo. Quiero que esto quede muy claro, para acallar a toda esa jauría de incondicionales, charlatanes, pelotas y palmeros de Jorge Romero y sus camaradas de filas que se dedican a tergiversar los hechos y difamar impunemente. Alonso Rojas y Antonio Rodríguez seguro que han cometido a lo largo de los más de veinte años que han estado dedicándose a la actividad política numerosos errores, como humanos que son, pero jamás actuaron de mala fe y, desde luego, no se llevaron un duro que no fuera suyo para su casa. De otros que llevan mucho menos tiempo en el ejercicio de los cargos públicos que ellos desempeñaron ya veremos si dentro de un par de años, cuando finalice el actual mandato, se les acabe el chollo y se vayan a hacer puñetas a otra parte, se puede decir lo mismo.
Rojas y Rodríguez han sido señalados por la justicia por incurrir en “prevaricación urbanística”, un tipo delictivo de nuestro código penal que suena demasiado altisonante para el caso que nos ocupa. Como consecuencia de la denuncia de un vecino de la localidad a quien el señor Romero y su troupe se prestaron a animar y asesorar, poniendo a su disposición el abogado de cabecera de su partido (que ahora, por cierto, presta sus servicios al Ayuntamiento), con el único objetivo de sacar tajada del asunto. Cosa que, lamentablemente, como ya hemos sabido esta semana, han logrado y con creces.
Pero repito, e insisto en ello: han sido señalados por la justicia por una licencia de apertura cuya concesión fue avalada por personal técnico de la institución municipal habilitado para ello. Y, he aquí lo importante, y lo cuento en contra de la voluntad de ambos, han sido condenados por asumir una responsabilidad que no les competía directamente, para proteger y defender al trabajador municipal que también estaba encausado en el proceso y que de haber sido culpado habría visto arruinada su carrera como funcionario del Consistorio barreño. Lo que dice mucho sobre la talla moral de los dos exregidores socialistas. Tanto como para poder afirmar a boca llena que ninguno de los ediles andalucistas que ahora tienen la responsabilidad de gobernar en el municipio le llega a uno y otro ni a la suela de los zapatos.

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