La supresión del peaje en la media docena de autopistas que terminan su plazo de concesión en los próximos años supondría un coste de unos 450 millones de euros al año para las 'arcas públicas', según calcula la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan.
El coste para el Estado de levantar el peaje en estas vías deriva del hecho de que tendría que asumir el coste de su mantenimiento y de la reversión fiscal que deja de ingresar, según detalló el presidente de la asociación Julián Núñez.
La patronal aboga así por mantener el peaje en estas vías y, en este sentido, se lo ha manifestado ya al Ministerio de Fomento en relación a la primera autopista que concluye su plazo de concesión, la AP-1 Burgos-Armiñón, que vence el próximo 30 de noviembre.
En el caso de esta vía, Seopan subraya que además requiere una inversión para su ampliación y mejora de unos 320 millones de euros y que en los meses de verano la mitad de su tráfico corresponde a vehículos extranjeros.
"No tiene sentido que los españoles sufraguen con sus impuestos el tráfico de vehículos extranjeros", señaló el presidente de la patronal constructora.
"Hay que mantener el modelo, con cambios que den satisfacción a las distintas partes", reivindicó.
BONIFICACIONES.
Así, entre estos cambios que Seopan ha propuesto a Fomento para mantener el peaje en esta autopista figura el de implementar descuentos para los conductores residentes que circulan a diario por la vía, que actualmente es concesión de Itínere.
Además de esta vía, en 2019 está previsto que termine el periodo de concesión del del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y el del la AP-4 Sevilla-Cádiz, y ya en 2021 culmina el trazado que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Se da la circunstancia de que la concesión de todas estas vías la tiene Abertis.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la voluntad del Gobierno ante estos vencimientos pasa, en primer término, por no prórrogar la gestión de los actuales concesionarios y que las vías reviertan al Estado.
Posteriormente, De la Serna pretende acordar con las principales formaciones políticas la estrategia para estas vías que determinará si se mantienen en la red de carreteras del Estado libres de peaje o si su concesión vuelve a salir a concurso.
