El Gobierno andaluz va a realizar test rápidos de detección del coronavirus a todo el personal de la Administración de la Junta, garantizando así la seguridad del personal y de la sociedad andaluza, lo que va más allá del acuerdo alcanzado el pasado 8 de mayo con los sindicatos en el marco de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta.
Como se recordará, entonces se acordó la realización de test a los empleados públicos con sintomatología relacionada con el Covid-19, o que hayan estado en contacto estrecho con pacientes de dicha enfermedad; así como también al personal que, atendiendo a la actividad realizada y al puesto desempeñado, mantenga un contacto estrecho y directo con los ciudadanos.
Esta decisión ha sido anunciada en el marco de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, celebrada entre este pasado jueves y este viernes, para la organización de la incorporación presencial de los empleados públicos de la Junta de Andalucía en la fase de la nueva normalidad, y en la que se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, CSIF y UGT, según ha indicado la Junta en una nota.
Se ha acordado que la incorporación en esta fase se culmina al cien por cien de los efectivos, dentro del marco determinado tanto por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, cumpliendo absolutamente todas las medidas previstas en su artículo 7, como por el resto de las normas contenidas en el Acuerdo de la Mesa General del pasado 8 de mayo.
Asimismo, se mantienen medidas de flexibilización de la jornada y horario de trabajo para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y la necesaria valoración previa a su incorporación de las personas que forman parte de los grupos sensibles por parte de los médicos del trabajo.
A las personas que aleguen tener a su cargo menores de 14 años o mayores, dependientes o personas con discapacidad, se les permite desarrollar hasta un 80 por ciento en modalidad no presencial, siempre que la actividad que prestan permita esa modalidad, además de la flexibilidad horaria por encima de los límites fijados en la normativa vigente.
De igual modo, aquellas personas consideradas especialmente sensibles por estar incluidos en algunos de los grupos vulnerables definidos por el Ministerio de Sanidad, no se incorporarán al trabajo presencial hasta tanto no se valore su situación personal y profesional y continuarán desarrollando su trabajo en la modalidad no presencial.
Por último, se establece un periodo transitorio hasta el 1 de julio, con el objeto de que los empleados públicos y la Administración lleven a cabo todas las medidas organizativas necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones que se incluyen en la situación de nueva normalidad que comienza el día 22 de junio.
La finalidad última es el equilibrio entre la garantía de la prestación adecuada de todos los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y de la seguridad de los empleados públicos y la conciliación de su vida personal, familiar y profesional.
Además, la Junta de Andalucía continúa apostando por el teletrabajo y la próxima semana se reunirá el grupo de trabajo con los sindicatos que va a estudiar el desarrollo de la regulación del teletrabajo en la Junta de Andalucía con el objeto de seguir avanzando en este tema.
