El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Arcos ha emitido un auto en el que exime a siete de los once concejales del equipo de Gobierno socialista de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y malversación, aunque ha dado traslado al Ministerio Fiscal de las acusaciones de prevaricación.
Según el auto, las diligencias previas se incoan en virtud de la querella presentada por el Ayuntamiento de Arcos por los hechos que imputan a la exalcaldesa Josefa Caro y a los entonces concejales delegados del Gobierno Benito Huertas, Fernando Mancheño, Genoveva Medina, Rafael Barrios, Francisca Morales y Joaquín Macías.
Los hechos en los que el nuevo equipo de Gobierno PP-Ai-Pro basó su denuncia tuvieron por origen la Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de octubre de 2010 con la asistencia de los mencionados concejales a excepción de Joaquín Macías, entonces delegado de Urbanismo; reunión en la que, según el citado Juzgado, se acordó emitir licencias de primera ocupación a una serie de propietarios de la zona conocida como Cachones de Angorrilla a cambio de una cesión de suelo al municipio para la construcción del nuevo vial Padre Salesianos. Según el auto judicial, tales licencias se emitieron sobre un suelo no urbanizable y de especial protección, y sin la previa y preceptiva obtención de los oportunos informes técnicos y jurídicos, por lo que su concesión era “antijurídica”.
El auto entiende también que las licencias tuvieron su base en las negociaciones con los propietarios afectados. Es por ello por lo que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arcos considera que podría haber un delito de prevaricación, de ahí que haya trasladado las presuntas irregularidades al Ministerio Fiscal.
En cuanto a las reacciones, Josefa Caro ha valorado positivamente que la Justicia no haya encontrado indicios de delito de malversación y contra la ordenación del territorio, que la exalcaldesa consideraba “los más graves”. No obstante, admite que lo emitido es un auto y no una sentencia, con lo que se teme que el caso continuará en los juzgados, además de temerse un posible recurso por parte del Gobierno PP-Ai-Pro.
“Pero lo importante es que para nosotros es una victoria moral. Sabemos que no hay delito en lo que hicimos, hacer un vial en un terreno público, y no dimos licencias de ocupación. El espíritu del acuerdo que firmamos con los parcelistas no era emitir licencias de ocupación. Es una satisfacción, pero me preocupa que siete personas que representamos al Ayuntamiento en un momento dado, estemos pagando nuestra defensa en los juzgados mientras que el equipo de Gobierno está gastando dinero de todos los arcenses en este asunto”.
Así se refirió a los casi 20.000 euros de dinero público que el equipo de Gobierno PP-Ai-Pro hubiera empleado en la contratación de un gabinete jurídico con el ánimo de dirigir la querella del Ayuntamiento contra el anterior equipo de Gobierno socialista.
Caro añade que “hay una intencionalidad de hacer daño político con algo que se cae por su propio peso. Es lo más suave que se me ocurre ahora. No se puede ir contra los demás y difamar cuando no hay un delito”. La exalcaldesa sostiene que sus compañeros y ella misma no tienen responsabilidad en el desarrollo de la obra de Padre Salesianos, y entiende que por medio “hay una motivación más perversa”, en alusión al actual ejecutivo.
Además, menciona el daño social y personal que les han causado las denuncias del equipo de Gobierno “porque tenemos hijos, padres… y eso afecta en nuestras vidas”. Caro está convencida de que el ejecutivo seguirá apelando con el fin de ver sentado en el banquillo de los acusados a los anteriores responsables del Gobierno de Arcos.
