El propietario de la finca Las Albarradas y varios de sus empleados impidieron presuntamente de forma violenta el pasado fin de semana el paso de las 400 personas que participaron en la marcha por la reapertura del camino público del Salto del Cabrero, cerrado hace cinco años a su paso por esta finca.
La marcha, organizada por Ecologistas en Acción y la Plataforma por la Recuperación de los Caminos Públicos y las Vías Pecuarias Sierra de Cádiz, transcurrió sin problema en un primer tramo que discurre por un monte público de la Junta de Andalucía, pero al llegar a la finca Las Albarradas varias personas, incluido el propietario Antonio Castillo, impidieron supuestamente el paso al haber cerrado la cancela con cadena y candado. Los organizadores de la marcha intentaron dialogar con el propietario pero fue imposible, “sólo decía que por allí no pasaba nadie, no ateniéndose a más razones”, señala Ecologistas en Acción en nota pública.
Al conseguir pasar un reducido número de senderistas, éstos fueron agredidos supuestamente por el citado propietario y uno de sus empleados, propinando golpes a dos de los participantes.
Ante esta tensa situación y la rotunda negativa a abrir la cancela, los participantes en la marcha, para impedir que se produjeran incidentes más graves aún, optaron por realizar un acto reivindicativo con pancartas ante la cancela y regresar al Puerto del Boyar, donde pusieron en conocimiento de las dos patrullas de la Guardia Civil allí presentes de las presuntas agresiones y a imposibilidad de pasar por este camino público. Los guardias civiles tomaron nota y se dirigieron a la cancela del conflicto para identificar a los que habían intervenido en estos lamentables incidentes. Los organizadores de la marcha van a interponer denuncia contra el propietario de Las Albarradas y los empleados que cerraron este camino público y agredieron supuestamente a los participantes en la misma.
Asimismo, los participantes se dirigieron al alcalde de Grazalema para que procediera a solucionar los defectos del expediente de clasificación y catalogación de este camino público, otorgándole el carácter de ‘Bien de Dominio Público adscrito al Uso Público’, para poder así inscribirlo en el inventario de bienes municipales y que nunca más vuelva a ser cerrado por nadie.
“La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, responsable ahora de la gestión del Parque Natural Sierra de Grazalema, debe también intervenir ante el cierre de un sendero que está incluido en el Plan de Uso Público del Parque Natural y que ha estado abierto desde tiempo inmemorial hasta el año 2014, habiendo sido utilizado sin problemas por miles de personas”, señala Ecologistas en Acción.
