Las Cortes Generales no pedirán responsabilidades por las irregularidades detectadas en el informe de fiscalización de los contratos para la ejecución del proyecto y obra del Puente de la Constitución, bajo gobiernos de PSOE y PP. La Mesa de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas no admitió a trámite una resolución del senador del grupo parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu Pau Furriol y el portavoz del grupo parlamentario Republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en la sesión de ayer, que votaba las propuestas en torno a este documento.
El texto instaba “al Tribunal de Cuentas a que, en el ejercicio de su función fiscalizadora, complete dicho informe de fiscalización para incluir en el mismo la indicación de la responsabilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y de las medidas para exigirla, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas”.
Cabe recordar que el órgano fiscalizador advirtió de que antes del inicio de las obras no se abordaron todas las previsiones económicas, técnicas y administrativas a las que debía sujetarse el proyecto. “Sin embargo, una vez iniciada la ejecución material de las obras se produjo la toma de decisiones que provocaron incidencias y alteraciones sustanciales del contrato, lo que no hubiera tenido lugar de haber sido llevadas a cabo y respetadas una preparación, planificación y coordinación administrativa adecuada”, remarca el documento de julio de 2019, que fue debatido el pasado 15 de junio.
Todo ello llevó a que las obras, adjudicadas en 2007 por un importe de 273 millones de euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de tres años y cinco meses, fijándose como fecha de terminación el 16 de septiembre de 2010, acabó costando 461 millones, un 68,7% más que el presupuesto original, y finalizando en enero de 2017.
El Tribunal de Cuentas señaló como modificación sustancial la decisión de sustituir los tres carriles por calzada por la ampliación del tablero con el fin de alojar una plataforma tranviaria. Al respecto, el informe enumera irregularidades en la tramitación del cambio sustancial del proyecto, así como falta de controles internos. En este sentido, subraya que la inaguración oficial se produjo en septiembre de 2015 sin que finalizaran los trabajos y los contratos de servicios posteriores, por valor de tres millones, sufrieron un sobrecoste del 258%.
Antes de iniciarse la sesión de la comisión ayer, el presidente de la misma explicó que no se podía aceptar la resolución del grupo Republicano porque el Tribunal de Cuentas es independiente y, por lo tanto, “no se le pueden dar instrucciones”. No obstante, aclaró que la fiscalización se le da al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para que dictaminen la posibilidad de abrir un posible enjuiciamiento o imputación.
Dos resoluciones del PSOE aprobadas
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas solo aprobó dos resoluciones, ambas del PSOE, que plantean “continuar realizando una planificación efectiva con carácter previo a la contratación de los grandes proyectos para detallar las necesidades a cubrir, el presupuesto necesario y la programación de los contratos”, y “aplicar condiciones especiales en la contratación para promover la igualdad entre hombres y mujeres”.
