El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz llevará al Pleno ordinario de noviembre, que se celebra este jueves, la propuesta de aprobación de una instrucción aclaratoria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), atendiendo así a una petición realizada por la Junta de Andalucía que permitirá desbloquear el proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Este trámite permitirá elevar al cien por cien la edificabilidad de los 39.000 metros cuadrados de terreno de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el Ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia. Se trata de una cuestión conceptual que la Junta requería a través del propio consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y que el alcalde, José María González, se comprometió a solventar a la mayor brevedad posible en un encuentro celebrado el pasado mes de septiembre en el Ayuntamiento.
El Equipo de Gobierno ha señalado que “el asunto estaba resuelto y claro entre las administraciones, pero si la Junta de Andalucía necesita más precisiones no hay ningún inconveniente por parte del Ayuntamiento”. De ahí que se eleve esta instrucción aclaratoria “para mayor tranquilidad de la Junta”, que de esta forma “no tendrá más excusas para cumplir ya con su parte y ponerse a trabajar a la mayor celeridad posible”, puesto que “situaciones como el cierre de la sede judicial de San José por su estado lamentable y el caos generado en los juzgados de la ciudad ponen de manifiesto que este proyecto no puede esperar ni un minuto más”.
Por otra parte, elevará a Pleno el proyecto de la nueva Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz para su aprobación inicial. El nuevo texto se adapta a la legislación actual, aporta mayor claridad y agilidad en los procedimientos y, además, puntúa mejor las situaciones de vulnerabilidad. Entre otras novedades, la violencia de género puntuará sin estar supeditada al problema de la vivienda.
Entre otras cuestiones, se aumenta la puntuación para las personas con discapacidad en función del grado, igual que ocurre con la dependencia, y aumenta también la puntuación de las familias en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, el texto de la nueva ordenanza incluye a unidades familiares con menores a cargo, familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, personas jóvenes ex tuteladas por la Junta de Andalucía que carezcan de vivienda y recursos suficientes para tenerla, así como otras situaciones de exclusión social.
Por otro lado, se elevará a Pleno para su aprobación definitiva la Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi del Ayuntamiento de Cádiz, en cuyo texto queda reflejada la estimación parcial de una alegación formulada por la Asociación de Radio Taxi. De esta manera, el artículo 56 establece que, con carácter general, el taxímetro se pone en funcionamiento, tanto en servicio urbano con interurbano, cuando la persona usuaria haya accedido al vehículo y haya indicado su destino, “excepto en los servicios previamente contratados telefónicamente, por emisora o por cualquier otro medio, en los que el taxímetro empezará a contabilizar desde la adjudicación del servicio y con el máximo que resulte del procedimiento de aprobación de tarifa”.
Las propuestas de los órganos y concejales con responsabilidades de gobierno se completan con la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades Saludables y con la aprobación del I Plan Municipal de Discapacidad del Ayuntamiento de Cádiz 2023/2025. Un plan trabajado con las asociaciones y colectivos de discapacidad y que proyecta la hoja de ruta de los próximos años con el objetivo de hacer de Cádiz “una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva, a través del diálogo y la planificación”.
Por su parte, el Equipo de Gobierno lleva cuatro propuestas al Pleno como Grupo Municipal Adelante Cádiz. La primera de ellas encaminada a reclamar a la Junta de Andalucía la modificación de la normativa vigente sobre la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en los municipios. El objetivo es que se ofrezca un paraguas legal donde la iniciativa únicamente parta de los ayuntamientos afectados por la normativa y que “en ningún caso pueda arrebatarse esta potestad de oficio por parte del Gobierno andaluz si la decisión municipal es no declarar ZGAT en virtud de un posicionamiento fundamentado con los agentes del sector”. Asimismo, reivindica en esta moción la necesidad de apostar desde las instituciones por el comercio local, propio e identitario de las ciudades frente a las grandes multinacionales.
La segunda propuesta plantea exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica), en virtud de la que adeuda ya 9.976.484,37 euros al Ayuntamiento de Cádiz. La moción insta al Gobierno andaluz a dotar a la Patrica con 600 millones de euros anuales para cumplir con la misma, así como a establecer un mecanismo para pagar los 1.050 millones de euros que adeuda a las entidades locales andaluzas por el “incumplimiento sistemático” de esta ley.
Otra de las proposiciones de Adelante Cádiz hace referencia a la desclasificación de los documentos relativos a los sucesos contenidos el 4 de diciembre de 1977. Así, propone al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a llevar personalmente la reivindicación al Gobierno estatal para que se reconozca a Manuel José García Caparrós y a su familia como víctimas de la violencia política en pie de igualdad con las víctimas del terrorismo, con su consecuente reparación.
Igualmente, reclama a Moreno Bonilla que exija al Ejecutivo central “la desclasificación de toda la documentación de la Comisión de Encuesta, sin anonimizar nombres propios, referente a los sucesos del 4 de diciembre de 1977 en Málaga y del asesonato de Manuel José García Caparrós, así como toda la información relativa a los hechos que permanece bajo secreto”.
Por último, el grupo municipal propone al Pleno que la Cádiz se convierta en sede permanente de Ciudades Amigas de la Infancia, lo que implica cumplir una serie de compromisos marcados por Unicef encaminados a reforzar las políticas municipales para con la infancia y la juventud, fomentando su participación en el desarrollo de actuaciones que pongan a la infancia en el centro.
