Siete de cada diez españoles soporta cada día unos niveles medios de ruido que superan los 70 decibelios (dB), cuando el límite aceptable establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Ley del Ruido es de 65 dB.

España es el segundo país más ruidoso del mundo y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo los japoneses soportan más ruidos que los españoles.

Ayer, Día Internacional contra el Ruido, la Plataforma Estatal Contra el Ruido (Peacram) recuerda que este triste récord español no es un dato curioso, sino un grave ataque a los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución, en la legislación de la UE y en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.

Según esta asociación, la mayor fuente de contaminación acústica es el tráfico generado por los coches, los camiones pesados, las motos ruidosas, los aviones, y los trenes.

Le siguen de cerca, los ruidos de las obras, las discotecas y el ocio en general que, especialmente en verano, genera grandes problemas de convivencia entre vecinos.

Todos estos focos de ruido, no sólo causan contaminación y problemas medioambientales, sino también problemas físicos, desequilibrios psicológicos y trastornos de sueño.

En concreto, el ruido tiene efectos concretos sobre dos aspectos fundamentales: la salud y el bienestar, explica a Efe el experto en Acústica Ambiental del Instituto de Acústica del CSIC, Pedro Cobo.

Según este investigador, los ruidos que sobrepasan los 70 dB causan problemas sobre la salud, mientras que los que superan los 55 dB causan problemas sobre el bienestar, como interferencias en la comunicación o efectos sobre la concentración, la memoria, el aprendizaje o el sueño.

Sobre la salud, el principal daño es la hipoacusia o pérdida de audición, que afecta ya a dos millones de españoles, una cifra que, además, va diariamente en aumento, sobre todo entre los jóvenes de la llamada generación Ipod.

Para la Plataforma Estatal contra el Ruido, todos estos daños, que no son ni “naturales” ni “inevitables”, se han venido sucediendo por la “desidia” y la “falta de sensibilidad medioambiental de los responsables políticos que no han sabido ni querido arbitrar medidas efectivas contra el ruido”.

A su juicio, eliminar o reducir ruido sería “fácilmente controlable” con más información y, sobre todo, con un estricto cumplimiento de las normas que limitan este tipo de agresiones ambientales que día a día soportan millones de españoles.

En la misma línea, la organización de consumidores CECU recuerda la importancia de actuar contra el ruido e invita a los afectados a denunciar y a dirigirse a las asociaciones de consumo para analizar el problema y valorar las posibles soluciones.

Según un estudio realizado por Gaes Centros Auditivos, el 87% de los españoles consideran que vive en un país ruidoso, especialmente los madrileños, que son los que más se quejan de los ruidos que soportan.

Animan a todas las administraciones a luchar contra el ruido

El Ministerio de Medio Ambiente pidió ayer al resto de administraciones que se impliquen de una manera “decidida y eficaz” en la lucha contra la contaminación acústica.

En un comunicado difundido con motivo del Día Internacional sin Ruido, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, anima a todas las instituciones de la Administración General, de la autonómica y de la local a promover el cuidado del medio ambiente acústico y a avanzar en el cumplimiento de la Ley del Ruido.

Ribera anima también a las administraciones a concienciar a los ciudadanos sobre las molestias y daños que generan los ruidos.

La nota recuerda que la Directiva Comunitaria sobre el Ruido obliga a los estados miembros a realizar Mapas Estratégicos de Ruido (MER) y planes de acción para reducir la contaminación acústica.

En la actualidad, recuerda el comunicado, el Ministerio está completando la elaboración de dichos planes de acción y, por ello, pide que los responsables públicos de otras administraciones que concluyan esta fase fundamental “para mejorar la calidad del ruido ambiental que soportan los ciudadanos”.

En una segunda fase, la directiva comunitaria exige que las ciudades con más de 100.000 habitantes tengan elaborados para 2012 sus mapas del ruido.