La citación a declarar a José María González, Kichi, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz por un presunto delito de prevaricación no sorprende ni inquieta a Adelante.
Fuentes del partido recuerdan que el ex alcalde suma 18 denuncias y 17 fueron archivadas. “Ésta terminará igual”, aseguran.
El motivo por el que Kichi tendrá que declarar, junto con los ex concejales David Navarro, José Ramón Páez y Laura Jiménez, y el jefe de Gabinete José Vicente Barcia, es la contratación de un asesor, Fernando Acuña, en 2018, a través de Por Cádiz Sí Se Puede, marca blanca de Podemos entonces.
Según la denuncia, presentada hace tres años, y que dio inicio a este proceso judicial, Acuña impartió instrucciones a terceros con condición de funcionarios del Ayuntamiento sin formar parte de la plantilla municipal.
La fuentes consultadas aclaran que la incorporación del asesor “estuvo motivada por la publicación en noviembre de 2017 de la Ley de Contratos del Sector Público. “La adaptación de los procedimientos internos del Ayuntamiento para su cumplimiento y el desconocimiento que políticos y técnicos municipales tenían” requirieron contar con los servicios “de este experto en la materia”, explican. Y recuerdan que Acuña superó finalmente un proceso selectivo y comenzó a trabajar en el Área de Contratación, “lo que demuestra su conocimiento y solvencia”.
“Nos denuncian por intentar hacer bien y más fáciles las cosas”, lamentan.
Además, sostienen que “se juzgan cosas ridículas como la ubicación en el trabajo de Acuña o que hiciera usos de espacios como el grupo municipal, en la zona de Presidencia” o la dotación de medios materiales que, “siempre, absolutamente siempre se facilitaron desde el partido, como ordenador portátil, móvil o correo electrónico”.
Por otra parte, señalan “como factor principal que la investigación inicial la propicia la que fuera en ese momento delegada sindical de CCOO en el Ayuntamiento y que ocupaba, curiosamente, un puesto de libre designación por el anterior equipo de Gobierno de Teófila Martínez y el actual alcalde, Bruno García (extremo negado por la delegada sindical)” .
“Esta denuncia responde, una vez más, a esa estrategia de lawfare de la que hoy tanto se habla y que tenía como fin entorpecer y torpedear el trabajo de Kichi y que sufrió durante ocho años y todavía actualmente, aun habiendo dejado la política”.
Por último, las fuentes consultadas de Adelante no consideran casual la noticia, “porque coincide con un momento en el que la ciudad sufre el cierre de instalaciones deportivas, biblioteca, falta de personal, suciedad y absoluta ausencia de políticas sociales”. “Es una forma de intentar disimular la falta de trabajo, política y gestión”.
