Los ministros europeos de Medio Ambiente analizarán mañana los aspectos medioambientales de la nueva Política Agrícola Común (PAC) y la polémica propuesta de la Comisión Europea para cambiar el sistema de autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y dar más poder a los países.

La reunión, a la que acude en representación de España la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, se produce a sólo tres días del encuentro en el que los ministros de Agricultura de la UE preven aprobar oficialmente la reforma agrícola que entrará en vigor en 2014, al término del marco presupuestario actual (2007-2013).

Los Veintisiete se centrarán en concreto en cuestiones como la capacidad de la PAC para ofrecer "servicios ambientales" o combatir el cambio climático, y cómo deben repartirse las subvenciones para que se logren los objetivos ecológicos.

La reunión permitirá también avanzar en las negociaciones sobre el régimen de autorización de transgénicos.

Bruselas propuso reformar el sistema para dar más libertad a los países a la hora de decidir si prohíben el cultivo de un OGM en su territorio, una idea que rechazan por distintos motivos países como España, Francia, Alemania y Polonia, que constituyen una minoría de bloqueo suficiente para impedir la aprobación de la medida.

España, país europeo con mayor superficie de transgénicos, ha esgrimido en varias ocasiones que la propuesta va contra la libre circulación y las reglas del mercado único.

Entre los asuntos puramente medioambientales, los ministros esperan lograr un acuerdo político sobre la normativa para regular la recogida de deshechos eléctricos y electrónicos procedentes de aparatos domésticos como ordenadores y teléfonos móviles.

El objetivo principal de la medida es establecer puntos de recogida gratuitos que faciliten la clasificación y reduzcan la exportación ilegal.

También está prevista la adopción de un texto de conclusiones relativo a la estrategia europea de extinción del uso del mercurio, con el que se espera acelerar la evaluación sobre las amalgamas dentales -que representan el segundo uso más extendido en la UE de esta sustancia tóxica-, así como su presencia en las pilas de botón.