El pasado mes de febrero, en respuesta parlamentaria a preguntas del PP sobre las iniciativas en marcha del Gobierno en la provincia de Cádiz, el Ejecutivo avanzó que, “en coordinación con varios departamentos ministeriales (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Ministerio de Defensa) y otras administraciones públicas implicadas, el Ministerio de Cultura tiene previsto poner en marcha la redacción de un Plan Director para el conjunto de fortificaciones defensivas de la Bahía”.
Ahora, el Gobierno, que considera que “el conjunto arquitectónico defensivo histórico de la ciudad de Cádiz y de su bahía, formado por sus murallas, baluartes, puertas, torres, etc., es fundamental para la recuperación de la memoria histórica de la población del territorio en el que se inserta y al que pertenece, así como para mejorar la comprensión de la defensa de un puerto y bahía de importancia nacional e internacional, al ser el primer gran puerto natural de la costa al oeste del Estrecho de Gibraltar, amplía información”.
Al respecto, indica que el plan director “tendrá por objeto la compilación de todos los datos necesarios para lograr el adecuado y riguroso conocimiento de toda la arquitectura que a lo largo de la historia ha ejercido una función defensiva y de control de la costa gaditana tras el paso del estrecho de Gibraltar, pues no puede entenderse individualmente el conjunto defensivo de la ciudad (de Cádiz) sin el conocimiento del resto de bienes que han conformado a lo largo de la historia la defensa de la Bahía y del litoral gaditano”.
Para la elaboración del documento, se llevará a cabo “un trabajo de investigación que analizará, sintetizará y evaluará la información recogida, para proceder al establecimiento de un diagnóstico aplicable al estado actual, en lo que afecta tanto a su materialidad física como a su entorno y gestión cultural”.
“Dicho diagnóstico sentará las bases para la coherente y sostenible toma de decisiones en relación con la programación de acciones para atender sus necesidades, mejorar su conservación, recuperar sus valores culturales, favorecer su restauración y su gestión cultural, actuaciones que deben emprender las Administraciones Públicas y entidades involucradas en su conservación según el alcance de sus competencias y responsabilidad al respecto, para disfrute de la sociedad con las mejores garantías”, agrega.
