El Gobierno aprobó ayer la Estrategia Nacional sobre Drogas, un documento que recoge las líneas de actuación contra la drogodependencia para los próximos ocho años y que hace especial hincapié en la prevención y la implicación social. 

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que este texto es resultado de “un gran pacto institucional, social y científico”. 

La Estrategia tiene unos objetivos “tan sencillos como vitales” que pasan por “reducir la oferta y la demanda, aumentar la información sobre los efectos de las drogas, mejorar la formación de los trabajadores y reforzar la cooperación internacional”. 

No obstante, la vicepresidenta aseguró que “la clave es la prevención” y, por ello, el Gobierno seguirá desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos del consumo y programas de asistencia a drogodependientes. 

De la Vega valoró que, desde 2004, “este problema de salud pública viene rompiendo su tendencia al alza”, y que desde ese año el consumo ha descendido “apreciablemente”. 

Según el informe presentado en el Consejo por el ministro de Sanidad, el consumo de cannabis en los jóvenes de catorce a dieciocho años se ha reducido en más de seis puntos en el último año y en más de tres el de cocaína. 

En el resto de la población, la prevalencia de consumo diario de alcohol ha bajado más de cuatro puntos y la de tabaco más de tres, mientras que el consumo de cocaína se ha estabilizado por primera vez desde 2005. 

También está estabilizado el consumo de éxtasis, anfetaminas y alucinógenos, se mantiene en niveles bajos el consumo de heroína e inhalables volátiles, y ha aumentado la percepción del riesgo para todas las conductas de consumo. 

El informe atribuye este cambio de tendencia “al giro en la política emprendida por el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades sociales”. 

Por todo ello, según De la Vega, “cada vez es más difícil conseguir drogas en nuestro país”. 

Según la referencia del Consejo, la Estrategia permitirá garantizar una respuesta homogénea, equitativa y de calidad en todo el territorio español. 

La Estrategia se desarrollará mediante dos planes de acción cuatrienales (2009-2012 y 2013-2016) y se someterá a dos evaluaciones, una intermedia y otra final. 

Los principales objetivos sociales de la Estrategia son promover la implicación social, retrasar la edad de inicio, acabar con la creencia de que el consumo de drogas es “normal” o garantizar una asistencia de calidad, entre otros. 

En cuanto a este mercado, los objetivos son reducir la oferta y la demanda, aumentar el control económico sobre los procesos de blanqueo de dinero o potenciar la evaluación sistemática de las actuaciones, entre otras.