La edil socialista del Ayuntamiento de Cádiz Marta Meléndez ha expresado su "satisfacción" al declarar el Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz que su despido como administradora de Gestión de Servicios del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) es "improcedente". Por ello, exige al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que proceda a su readmisión.

   En declaraciones a Europa Press, Meléndez ha explicado que le fue notificada la sentencia en la tarde de este miércoles, declarando la titular del juzgado que su despido es "improcedente" porque "no había causa legal ni legislación laboral que pudiera ampararlo".

   Esto abre la puerta a su readmisión y, en caso contrario, la sentencia establece que sea indemnizada con 45 días por año trabajado, lo que asciende a 48.186 euros. Afirma la edil que ella no quiere el dinero, máxime porque es "dinero público", subrayando que su lucha ha sido "por la restitución de mi dignidad".

   En este sentido, recuerda que ha tenido que "soportar rumores con los que se perseguía un desprestigio profesional". Por ello, está "muy contenta" debido a que la sentencia refleja que "la empresa intentó desvirtuar la situación argumentando que sus ausencias --para cumplir sus obligaciones como concejal-- habían provocado dejación de funciones". Afirma que el fallo judicial deja claro que "eso es incierto, que he cumplido con todas las obligaciones laborales y que las he cumplido bien".
LA DEMANDA

   Cabe recordar que Meléndez presentó en mayo en el juzgado una demanda por "despido nulo y vulneración de derechos fundamentales" tras ser despedida dos meses antes del ISE. Lo hizo después de presentar una reclamación previa ante su director general que "no fue contestada".

   Recuerda que en la carta de despido que le entregaron se especificaba que éste se debía a que en los meses de marzo y abril de 2013 se ausentó más de un 20 por ciento de su puesto de trabajo debido a que, según explica, tuvo que asistir a Plenos y a comisiones extraordinarias en el Ayuntamiento de Cádiz.

   La edil ha sido desde su despido crítica con el hecho de que en el partido siempre hayan tachado de "discriminatoria e injusta" la reforma laboral que hizo el Gobierno del PP en marzo de 2012 y la hubieran echado "aplicando esa reforma de Rajoy un compañero de partido puesto a dedo por el consejero".


"INADMISIBLE" LA OPCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

   Tras la resolución judicial que declara "injusto" su despido y demuestra que la empresa "ha metido la pata", Meléndez considera que Luciano Alonso debe dar orden para su readmisión, puesto que se trata de una empresa pública cuyos recursos provienen de los presupuestos de la Junta y de los impuestos de los ciudadanos y, por tanto, la indemnización sería "inadmisible".

   Añade que con la cuantía de su indemnización pueden solucionarse necesidades de infraestructuras que tienen centros educativos de la provincia, o "restituir la pérdida de salario que han sufrido los compañeros del ISE con un recorte del diez por ciento y de las pagas extra".

   Por ello, exige a Alonso que "ponga orden en la Dirección General del ISE", ya que si autorizara el abono de esa indemnización sería "la máxima locura", poniendo de manifiesto la "mala gestión" de los responsables educativos y la "deshonestidad en el uso de los recursos públicos estaría en el máximo extremo".

   En este sentido, defiende la necesidad de "meter a los responsables públicos en la vereda de que con el dinero público no se juega, ya que sale de los impuestos de los ciudadanos".

   Finalmente, ha insistido en que su lucha no ha sido por dinero, sino por la restitución de su dignidad y "por el derecho de todos los trabajadores que ejercemos cargos como concejales sin remuneración, viviendo de nuestras profesiones".