El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia interpuesta por los populares contra el ex presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, al considerar que “no existen indicios de responsabilidad contable durante el proceso de municipalización de los servicios de playa y mientras que estuve al frente de la sociedad municipal”. Una denuncia que fue interpuesta por el concejal y consejero del ente, Bruno García, a quien en palabras del edil de Medio Ambiente afea el propio tribunal.
El letrado del TC recuerda al denunciante que el proceso de municipalización se aprobó en un pleno y que en toda la documentación remitida desde Cádiz 2000 se recuerda el proceso desde el principio de la municipalización, por lo que “no se ha llevado a espaldas de los consejeros. Decir eso es algo totalmente falso”.
En la resolución se recuerda que el interventor “con su informe advierte que en el proceso no existe menoscabo a las cuentas públicas, según consta en las alegaciones presentadas, y que se destaca en el archivo judicial”.
De la Fuente considera que fue destituido de la presidencia de Cádiz 2000, de una forma “totalmente injusta”, y que para esa destitución se contó con “otros partidos que se pusieron de perfil”. Por eso, y sin que haya ninguna responsabilidad patrimonial ni contable, el Tribunal de Cuentas les da la razón, según explicó el edil del equipo de Gobierno. Criticó el “comportamiento desleal por parte de los consejeros del PP a la hora de denunciar falsamente hechos” y desde el Gobierno local se “estudiarán las consecuencias que pudiera tener actuar de manera contraria a los intereses de la empresa Cádiz 2000 y sus decisiones”.
Concretó que la playa ha funcionado en Semana Santa a pesar del anuncio del PP de “otra más de las siete plagas”. Para el Gobierno local, los populares han “vuelto a equivocarse puesto que se respondió con todos los servicios de playas”. Sin embargo, siguen esperando a ser atendidos por la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para la regeneración de la arena tras los temporales sufridos el mes pasado. Sobre su vuelta a Cádiz 2000, declaró que “ahora hay otro compañero”.
Considera que su paso por Cádiz 2000 fue “tal y como se tenía que hacer, con sus fases, sus aprobaciones y procedimientos. No ha habido daño ni económico ni patrimonial”, especificó.
En relación a los trabajadores readmitidos matizó que Cádiz 2000 ha trabajado con la información que ofrecían las empresas salientes, el proceso de internalización era complejo y “no podía ser un coladero. Nos hemos cuidado de que en base a la información que nos facilitábamos tomaríamos nuestras decisiones”. Asimismo, agregó que “cuando las resoluciones son favorables a los trabajadores, atendemos a la resolución de la justicia y esperamos que el PP haga lo mismo y deje de oponerse a su aplicación en Eléctrica de Cádiz con Marisa Iglesias”. “Si tuviera que ampliarse la plantilla, habría que hacerse un examen para cualquier puesto nuevo. Los que estaban tenían derecho a la subrogación”, afirmó.
