El debate sobre la prostitución se sitúa esencialmente entre ambas posturas, pero hay una tercera que, de momento, aflora más tímidamente y es la de aquellos que proponen su prohibición –incluidos los anuncios de contactos– y la persecución penal de clientes.
Los grupos políticos, que tienen la llave legislativa, no han conseguido fijar un posicionamiento único en el seno de sus formaciones, aunque en los próximos días deberán hacerlo ante una propuesta de ERC para que se aborde esta regulación.
Los empresarios de los locales de alterne defienden con contundencia la necesidad de aprobar un marco jurídico, “una legislación general”, para que queden reguladas no sólo las licencias de los establecimientos, sino las relaciones laborales de las mujeres.
“Es una actividad que se debe hacer en un marco adecuado, que esté regularizado, que esté inspeccionado y controlado y no es la calle, ni los pisos de comunidad de propietarios el lugar adecuado, ya que por el derecho de inviolabilidad de domicilio permite la actuación más impune de las mafias”, asegura el secretario general de Anela, José Luis Roberto.
Opina que las prostitutas deben ser autónomas, “deben trabajar por cuenta propia, porque es una actividad que no se puede imponer un horario, ni una disciplina laboral, sino que deben trabajar cuando ellas consideren conveniente y mantener relaciones con quien quieran”.
El 90% de las mujeres que ejercen las prostitución la practican de una forma forzada, según determinó una ponencia parlamentaria que tras analizar la prostitución en España redactó un dictámen en el que se oponía a regular el fenómeno.
El Gobierno mantiene que aplicando el Plan Integral de lucha contra la trata, aprobado el pasado mes de diciembre, se debe dirigir la batalla contra la explotación de las mujeres.
“No podemos permitir que en pleno siglo XXI un número importante de mujeres vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en mercancía, para beneficio de proxenetas y redes”, aseguró dijo Aído en su última intervención en la Cámara Baja.
El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado tiene computados, en una base recientemente, creada más de 200 grupos de traficantes desarticulados y 700 delincuentes detenidos.
Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la degradación que supone la prostitución hace que, desde cierta perspectiva, sea un oficio que “casi debería ser prohibido”.
Las organizaciones feministas exigen la abolición de la prostitución. Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la prostitución es una “forma de esclavitud de las mujeres” y regularla significa “consolidarla y fortalecerla”.
“No creemos que un mujer sea libre para dedicarse a la prostitución, sino que es víctima de situaciones muy duras y de esas mafias que se deben combatir de manera eficaz”, añade Gonzalo, quien reconoce que aunque “es un problema de difícil solución, ésta debe pasar por ofrecer alternativas a las mujeres que se encuentran en esa situación”.
Pero además plantea que la batalla policial y jurídica debe ir dirigida a penalizar a los clientes, creando un nuevo delito en el Código Penal, que establezca que es delito solicitar favores sexuales a cambio de dinero. Comparte esta propuesta Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, quien opina que la actual legislación “legitima las casas de prostitución”.
También cree que no se está aplicando de manera correcta, porque “se valora que las mujeres lo hacen de manera voluntaria y no se tiene en cuenta en si son coaccionadas”.
"Es necesario que se castigue la trata, que se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos, por encima del comercio de armas y de drogas, por lo que si se lo ponemos más fácil a los proxenetas, cada vez habrá más”, explica.
Por ello, plantea “prohibición de la prostitución y persecución de los clientes, porque la prostitución existe porque hay demanda”, de hecho, los españoles se gastan 50 millones de euros cada día en prostitución, según diversos estudios. Algunos partidos, como ERC, plantean que al menos debe reconocerse legalmente el trabajo sexual voluntario.
La formación republicana ha presentado una moción, que está previsto que analice el Pleno del Congreso mañana martes, para que el Gobierno elabore un plan con iniciativas legislativas destinadas a proteger los derechos laborales de aquellas personas que deseen ejercer de forma voluntaria la prostitución.
Propone el desarrollo dentro del régimen de trabajadores autónomos o de empleados del hogar de la Seguridad Social de una regulación específica y la supresión de la publicidad de la prostitución en los medios de comunicación.
Desde algunas alcaldías, como la de Barcelona, también se ha instado a regular la prostitución, sobre todo, la ejercida en los espacios públicos. Limitar la prostitución de la calle es trasladar el problema a otro sitio, no erradicarlo, ha asegurado la portavoz de Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas.
