El proyecto hotelero previsto en la antigua residencia de Tiempo Libre, desarrollado por el Grupo Q Hoteles, tras adquirir el citado edificio en subasta público a finales de 2.019, el cual estaba en manos de la Junta de Andalucía, ha comenzado salpicado de polémicas.
Las modificaciones sobre el proyecto inicial, con la idea de construir una planta más para ampliar el número de habitaciones, necesita la aprobación del Estudio Detalle por parte del AyuntamientoNo en vano, a finales de la semana pasada el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación municipal de Urbanismo, paralizaba la salida de camiones con escombros de la obra para la construcción del citado hotel por el supuesto traslado de residuos a un vertedero ilegal, ubicado en El Puerto de Santa María, concretamente en Rancho Linares, donde el citado grupo también tiene previsto otro proyecto urbanístico.
A pesar de este contratiempo, el Grupo Q, tal como se publicó en los medios de comunicación este pasado fin de semana, ha decidido cambiar el proyecto para que el futuro hotel tenga más habitaciones, lo que conlleva también ampliar el plazo de las obras y añadir una planta más al edificio.
Unas modificaciones que han generado inquietud entre los vecinos de la zona que quieren conocer el proyecto y su nueva modificación. De hecho, para el viernes de la semana que viene, según fuentes municipales, hay prevista una reunión entre el citado concejal de Urbanismo, Martín Vila, y representantes de la Asociación de Vecinos Muñoz Arenillas-Reina Victoria.
En dicha cita, el colectivo vecinal pondrá sobre las mesas las dudas que le despierta el proyecto al tiempo que quiere conocer la postura del Ayuntamiento respecto al mismo, sobre todo, respecto a las nuevas modificaciones del mismo anunciadas por el Grupo Q. Los vecinos saben que el proyecto y sus modificaciones tienen que ser aprobadas por el Ayuntamiento dando luz verde al Estudio Detalle del mismo.
Cabe recordar, que tras hacerse público la polémica alrededor de los escombros de las obras del citado hotel del Grupo Q, ante esta situación, y de forma temporal, el Consistorio gaditano, retiene la fianza depositada por la empresa a la espera de la resolución que recaiga en el expediente sancionador iniciado por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía.
Aunque, según el Reglamento de Residuos de Andalucía que establece las competencias de la Junta como de los ayuntamientos, dado el volumen de estos residuos, es la propia Junta de Andalucía la que debe asumir la vigilancia, inspección y sanción del destino de los residuos, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, explicaba que al Ayuntamiento le corresponde, dentro del proceso de concesión de licencia de obras, aprobar el Estudio de Gestión de Residuos y que en este caso “se especificaba que la separación y tratamiento de los residuos de la obra se depositaría en un vertedero autorizado, hecho que no se ha producido”.
