El Ayuntamiento reclamará a Sotogrande SA alrededor de cuatro millones de euros en concepto de canon en el caso de que esta empresa ceda a otra la concesión del servicio de aguas en dicha zona. Además, esta cesión no puede realizarse sin la autorización previa del Consistorio, que podría declarar la caducidad de la concesión en caso de que no se le solicitara dicho permiso.
El 20 de mayo de 2003, el Ayuntamiento de San Roque y Sotogrande SA suscribieron un contrato de concesión administrativa en virtud del cual se adjudicó a la citada empresa la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales del Centro de Interés Turístico Nacional de Sotogrande.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha remitido hoy, miércoles, a Sotogrande SA un escrito en el que se expone la posición del Ayuntamiento, que tiene como fundamento jurídico un informe previo realizado por la secretaria General del Consistorio, Ana Núñez de Cossío. En el texto firmado por el primer edil se recuerda que “el artículo 18 del referido pliego (de condiciones técnicas), que forma parte del contrato que vincula al adjudicatario, dispone, entre las causas en las que procede declarar la caducidad de la concesión con las consecuencias jurídicas que ello supone, la 'cesión, transferencia o novación de la concesión'”.
“Este Ayuntamiento -prosigue el alcalde en su escrito- ha tenido conocimiento de que Sotogrande SA pretende transferir la concesión administrativa (…) a otra persona jurídica. Dicha transferencia supondría una cesión de la referida concesión (…), de tal forma que el cesionario vendría a sustituir al cedente en todos sus derechos y obligaciones ya establecidos. En consecuencia, Sotogrande SA desaparecería de la relación contractual con el Ayuntamiento y sería sustituido por el nuevo cesionario, que se convertiría en el nuevo contratista”.
“Por ello, el Ayuntamiento en su condición de titular del servicio, le advierte que de producirse esa transferencia sin solicitud en tal sentido al Ayuntamiento que motive la incoación de un expediente en el que se justifiquen, en todo caso, los requisitos previstos en el artículo 114 del TRLCAP (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), se verá obligado a elevar al próximo pleno ordinario expediente para declarar la caducidad de la concesión administrativa que le fue adjudicada”, finaliza el escrito firmado por Ruiz Boix.
El primer edil explicó que “en caso de que tengan que renegociarse las condiciones, las expectativas de ingresos municipales en concepto de canon se sitúan en principio en cuatro millones de euros. Este dinero sería de muchísima utilidad para el Ayuntamiento, en especial para impulsar la política de inversiones que estamos llevando a cabo. Estas inversiones no sólo incrementan y mejoran las infraestructuras y equipamientos en todo el municipio, sino que también sirven para generar empleo, la cual debe ser nuestra primera pretensión en estos tiempos de crisis”.
