La Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios lamenta que el pleno de la Corporación municipal barreña, con los votos del PA y la abstención del PP, ratificara el pasado lunes la iniciativa de trasladar a instancias judiciales europeas el asunto de los despidos llevados a cabo en febrero de 2012.
El colectivo, además, censura la que considera “postura cómplice” del grupo popular,“para que dicha iniciativa saliera adelante, a pesar de que se pronunció en contra de la misma en el pleno del pasado mes de julio”. “Ha quedado demostrado –aseguran los representantes de los despedidos– que el voto contrario que hace dos meses emitió el PP contra la propuesta de recurrir la primera de las sentencias del Tribunal Supremo que ratifica la nulidad e ilegalidad de los despidos efectuados hace cuatro años y medio no fue más que teatro y paripé”.
“Parece evidenteque la ausencia del portavoz popular, David Gil, en el pleno ordinario de julio, que, dejando a la oposición en minoría, permitió que se aprobara la tramitación de un recurso a los tribunales europeos contra dicha sentencia del Supremo, estaba más que pactada”, señalan desde la plataforma.
Los despedidos también lamentan que “Gil y el PP se hayan dejado embaucar una vez más por Jorge Romero, aun siendo conscientes de que la iniciativa de recurrir al Tribunal de Justicia Europeo no va a prosperar, porque el Ayuntamiento no está siquiera legitimado para hacerlo, del mismo modo que no lo está para dirigirse al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y porque basa toda su argumentación en una falacia sin fundamento jurídico”.
“Una oposición responsable jamás habría permitido que este nuevo despropósito de Jorge Romero.Despropósito perpetrado contraviniendolo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Es decir, dando curso al expediente sin los informes preceptivos de la Secretaría, la Intervención y la Asesoría Jurídica del Consistorio barreño. Y no por defender a los trabajadores afectados, que ya están siendo defendidos, y bien, tanto por sus abogados como por los jueces de la jurisdicción de lo social, haciendo cumplir lo estipulado en la legalidad vigente. Sino por defender los intereses de la institución municipal, que en breve, e irremediablemente, va a tener que hacer frente al pago de los salarios de tramitación de la mayoría de los trabajadores despedidos y a su readmisión, cuando el Alto Tribunal español resuelva los recursos de casación pendientes, reiterando la doctrina que en materia de despido por amortización de plazas en las administraciones públicas viene aplicando desde hace más de dos años”, afirma la plataforma.
Los representantes de los despedidos insisten en denunciar que “Jorge Romeroestá despilfarrando el dinero de todos los barreños en una causa perdida cegado por su soberbia, su testarudez, su ineptitud y su incompetencia”. El colectivo considera que “la decisión de trasladar al Tribunal de Justicia Europeo el asunto de los despidos demuestra, una vez más, la grave irresponsabilidad de un alcalde que con su supina tozudez va a conducir a la institución municipal a un callejón sin salida, a un auténtico desastre”.
“Como ya hemos comentado en otras muchas ocasiones, si llevar a cabo los despidos del modo en el que finalmente se llevaron a cabo fue una locura, un acto de chulería, una absoluta temeridad, por parte del señor Romero, mayor locura fue recurrir, con el beneplácito del PP, las sentencias del Juzgado de lo Social de Algeciras que declararon dichos despidos como nulos y continuar haciéndolo, con las consecuencias y el alto coste que esto va a suponer para el Ayuntamiento”, recuerdan los representantes de los trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012.
“El Ayuntamientocarece ya de argumentos para dirigirse a esta instancia judicial de carácter supranacional con el tema de los despidos y basa su recurso en una falsedad, la de que el Tribunal Supremo (TS) se está contradiciendo desde que dictó la sentencia en el caso de José Antonio Ortega, ex responsable de prensa, en marzo de 205, lo cual no es cierto”, advierte la plataforma. “Tan es así –recalcan– que por segunda vez, en noviembre de 2015, el Alto Tribunal ratificó la ilegalidad del despido de Ortega rechazando el incidente de nulidad promovido por el Consistorio barreño y consagrando la doctrina jurisprudencialque en materia de amortización de plazas en las administraciones públicas como vía para el despido sentaron y asumieron de forma unánime los catorce jueces que constituyen el pleno de la Sala de lo Social del TS, el 24 de junio de 2014, tampoco puesta en discusión por el Constitucional, a pesar de los vanos intentos de Jorge Romero y sus muy caros asesores externos”.
“Pésimamente aconsejado, y después de constatar que lo de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no es posible, porque el Ayuntamiento no está legitimado, lo que pretende el señor Romero es solicitar al propio Tribunal Supremo que presente ante el Tribunal de Justicia Europeo una cuestión prejudicial (procedimiento que solo pueden plantear los órganos judiciales de los estados miembros de la UE en caso de dudas respecto a la aplicación del Derecho Comunitario) poniendo en entredicho su propio criterio y, con este, la doctrina que ha asumido y consagrado desde junio de 2014 hasta la fecha en cuanto a los despidos mediante la amortización de plazas en las administraciones públicas. Es decir, una decisión absurda e inútil que le va a costar miles de euros a la institución municipal y gracias a la cual más de un bufete de abogados está haciendo su agosto”, denuncian los representantes de los despedidos.
