Acuña apunta que Medio Ambiente ha acudido a la reunión con certezas y conocimiento de la normativa, mientras que en Costas “ni tienen claras sus competencias ni se aclaran”, ya que hoy hablaron de pedir un informe a la Abogacía del Estado
El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, ha lamentado hoy que la reunión a tres bandas convocada hoy en San Roque para solucionar la situación en la desembocadura de río Guadiaro haya sido infructuosa por la actitud de la Subdelegación del Gobierno, que “sigue mareando la perdiz en vez de tomar las medidas necesarias y urgentes”, y que ni siquiera parece tener claras cuáles son sus competencias en este asunto.
Acuña ha mostrado su sorpresa por el hecho de que “muchos meses después, y cuando ya en años anteriores han actuado en la misma zona, hoy la Subdelegación acuda a la reunión diciendo que ya no tienen clara la competencia, y que hayan propuesto pedir un informe a la Abogacía del Estado con el único objetivo de seguir perdiendo el tiempo sin dar solución a los problemas existentes”. Como ha recalcado el delegado, “la Junta tiene muy clara desde el principio la normativa, y ha acudido al encuentro con certezas y recordando lo que ya había hecho por escrito antes: que la competencia para actuar en el estuario es del Estado”.
En esta tesitura, “ante tantas arbitrariedades y cambios de guión, no nos extraña que las administraciones locales, como en este caso el Ayuntamiento de San Roque, se exasperen”, ha añadido Acuña, que ha insistido en que lo expuesto hoy por la Junta en el encuentro también se ha recalcado en diversos escritos enviados este verano a la Demarcación de Costas en los que se instaba al Gobierno central a actuar en el uso de sus competencias.
De esta forma, durante la reunión Acuña ha recordado al subdelegado de Gobierno central en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz, que la responsabilidad de actuar en la desembocadura del río Guadiaro para retirar la arena y evitar la mortandad de peces es estrictamente de la Demarcación de Costas, ya que el estuario tiene la condición de Dominio Público Marítimo-Terrestre y según establece la legislación es responsabilidad del Gobierno central actuar “para asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático” (artículo 2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas).
Acuña ha lamentado el desconocimiento de la legislación del actual subdelegado del Gobierno, “que parece no saber cómo han actuado sus predecesores en episodios similares anteriores que nunca cuestionaron que esta actuación fuera de su competencia”, al tiempo que le reprocha que “trate de despistar y confundir a la opinión pública eludiendo la responsabilidad que les otorga la ley”.
El delegado de Medio Ambiente también ha reiterado que en el artículo 111.1.a) de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se establece que “tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración General del Estado la que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren”, como es el caso de la actuación en el estuario del Guadiaro.
De hecho, tal y como se indicó en el escrito remitido por parte de la Delegación de Medio Ambiente el pasado 23 de agosto de 2016 y se reiteró en los enviados este verano, con independencia de su afectación a un espacio protegido, el estuario del río Guadiaro tiene la condición de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por lo que es obligación del Estado y no sólo “un asunto de su interés” actuar en la zona.
En palabras de Acuña, “a tenor de los informes de la Junta, las competencias están claras, ya que el Gobierno central no interviene en obras de interés general del Estado”, tal como exceptúa el Decreto 62/ 2011 de transferencia de competencia y el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Para Acuña, no es de recibo que “el año pasado la excusa para no actuar fuera que aún no habíamos concedido la autorización a Costas para ello, lo que finalmente se hizo el mismo día en que llegó la solicitud (24 de agosto), y este año sin embargo la excusa sea la falta de competencias”. “Si de verdad no fueran competentes no estarían realizando estas actuaciones desde el año 2011, unas obras que pagan y a las que destinan recursos públicos, fiscalizados y autorizados, lo que en ningún caso podrían hacer administrativamente si no fuera su competencia”, ha añadido.
El delegado ha remarcado que “un año después de sus anteriores actuaciones en la zona el Estado pretende desligarse de una competencia que han ejercido antes, tanto en San Roque como en Conil, ya que también actuaron en el río Salado”. “Y desde esta Delegación Territorial tenemos claro que no hay diferencia entre esa actuación y la que nos encontramos en la desembocadura del río Guadiaro”, ha apuntado.
Por este motivo, y dado que estos episodios de cierre de la desembocadura del río Guadiaro se repiten este año con el consiguiente riesgo de mortandad de peces, Acuña ha reiterado que no habría inconveniente por parte de la Junta en conceder la autorización necesaria en el momento en que fuese solicitada por la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico para la ejecución de los trabajos previstos de apertura de la barra de arena que separa el río Guadiaro del mar. Hay que recordar que la autorización ambiental al responsable de la obra se realiza “al situarse la citada barra litoral dentro de los límites de Zona Especial de Conservación así como Zona de Especial Protección para las Aves y Paraje Natural Estuario del río Guadiaro”.
En la misma línea, Acuña ha recordado que en aras de la mayor colaboración el compromiso institucional acordado hace ya años entre la Demarcación de Costas y la Delegación Territorial establece este protocolo de actuación según el cual si se constatan problemas en la zona se procedería por parte de la Demarcación de Costas a la apertura de la desembocadura a fin de evitar mortandad de peces.
