El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, considera que en las propuestas de las comisiones de expertos creadas por el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que crea los Tribunales de Instancia y suprime los partidos judiciales, además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que otorga al fiscal la dirección de las investigaciones, "con independencia de entrar en detalles", que en algunas cuestiones se puedan valorar y en otras criticar, "hay un denominador común" que es que en la actualidad materializar estas reformas "en la situación económica que se padece y con una planta judicial tan escasa va a resultar complicado".
En una entrevista concedida a Europa Press, el magistrado, quien apunta que "hacer un análisis de una reforma tan amplia daría para congresos de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales", ha manifestado que presume que el ministro "todas las propuestas las hace con un buen propósito de modernización y mayor eficacia", si bien "el único problema" que ve Baena es que "posiblemente el momento no sea muy propicio por cuestiones económicas, con independencia de que algunas de las reformas que se hagan sean criticables en un sentido u otro por los diferentes operadores jurídicos o profesionales del derecho".
Al respecto, explica que en este momento que desaparezca "la justicia de jueces sustitutos y magistrados suplentes resulta muy perturbador, pero no porque la carrera judicial defienda la existencia de los mismos, sino que siempre se ha defendido la carrera profesional", de modo que "el único problema es que cuando hay una ratio de jueces por número de habitantes muy corta y como consecuencia de la crisis económica se han tenido incluso que limitar poderosamente oposiciones para el ingreso de nuevos jueces", a su juicio, "hacer desaparecer esta justicia crea muchos problemas".
También, advierte que "a día de hoy no se ha publicado el reglamento de retribuciones", de manera que "si un compañero quiere voluntariamente sustituir la vacante de otro, pues no sabe si va a ser retribuido el sobresfuerzo". Todo ello, teniendo en cuenta "las plantillas cortas y una gran carga competencial", puesto que "hay órganos como los juzgados de lo Civil o lo Mercantil que no están por encima de modulo" en cuanto a los ingresos de asuntos, "es que están exageradamente por encima".
En este sentido, argumenta que "si un magistrado de este orden jurisdiccional se da de baja por enfermedad o cualquier otro motivo y no hay un juez sustituto y tiene que ser otro de carrera quien lo sustituya y que a su vez está con mucha carga competencial, nos encontramos con el problema del sobreesfuerzo", que, tal y como señala, "no aparece reglamentado a efectos retributivos".
No en vano, reitera que "el tema económico no es baladí a la hora de estas reformas que son de mucho calado", y a la que añade el proyecto, debatido recientemente en la reunión anual de presidentes de Audiencia, sobre la desaparición de las audiencias provinciales, de manera que "si desaparecen y los recursos de apelación se residencian en los tribunales superiores de justicia, éstos ahora mismo no tienen infraestructura material para acoger tantas salas y tantos magistrados, ni tampoco queda claro que no desaparecerían los partidos judiciales como tal, pero quedarían como juzgados de proximidad".
Ante ello, se pregunta que "cómo se conjuga" que desaparecieran las audiencias provinciales y a su vez los partidos judiciales, pese a ello cree que la creación de los tribunales de instancia es "una gran idea, porque hay que huir de aquellos juzgados nucleares donde está el juez, su secretario, sus funcionarios y son compartimentos estancos". Para Baena, hay que ir hacia una justicia "moderna con servicios comunes y donde al existir un número importante de magistrados en cada orden jurisdiccional la baja de uno por cualquier motivo pueda ser suplido por el resto", pero para eso apunta que "se necesita tener unas condiciones que en la actualidad no se cumplen por la situación económica".
En cuanto a la instrucción del Ministerio Público, "que es una opción que tiene el legislador", supone un concepto "totalmente nuevo de oficina judicial penal", aunque "se tendrá que reestructurar también", según sostiene el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, quien descarta que las reformas "lleven a la indefensión del ciudadano", porque "los procedimientos no se modifican" y "los recursos seguirían existiendo", ha apostillado Baena.
