El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado el archivo de la denuncia del sindicato CTA contra el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Rafael Navas, investigado por supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos, después de que lo haya solicitado la defensa y la Fiscalía.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han detallado que el archivo se acuerda en base a que la actuación de Navas estaba "amparada por la ley en su momento por razones de urgencia", a lo que añaden que "no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa".
Al respecto, el exedil justificó en "la urgencia" la realización de los contratos para poder ofrecer el espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, según indicaron fuentes judiciales, que explicaron que Navas mostró "un mayor grado de conocimiento aparente en los detalles de las distintas contrataciones".
De este modo, apuntaron que "ha justificado que por motivos de urgencia se tuvo que acudir al contrato menor y no a la figura del procedimiento negociado o abierto", a lo que añadieron que "ha querido excusarse en la urgencia e ineficacia de la administración para que se diera curso a los contratos de forma directa".
Además, señalaron que "ha admitido que hubo un mes completo en el que la empresa prestó el servicio sin tener ninguna cobertura jurídica", algo que "también se ha puesto de manifiesto en varios informes de fiscalización de los contratos", a la vez que indicaron que "es cierto que se ingresó el canon de ese mes".
No obstante, precisaron que la empresa del espectáculo en ese momento, EMTE, "no realizó ningún pago hasta septiembre de 2015, según consta en el informe de Intervención, relativos a los contratos menores", de forma que "se adjudicaron los contratos sin que la empresa hubiera abonado el canon que tenía que abonar por cada uno de los meses".
Desde la acusación avanzaron que iban a pedir más pruebas, entre ellas las declaraciones de varios funcionarios que "suscriben informes que constan en los expedientes", así como que se analice el informe de la Intervención General del Consistorio a tal efecto, que "es bastante esclarecedor", al "cuestionar el procedimiento de todos los contratos denunciados", según la acusación.
EL CASO DE REINA
Mientras tanto, el Ministerio Público tiene pendiente pronunciarse sobre la también petición de archivo de la denuncia de CTA sobre el exedil popular Miguel Reina, investigado por supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco).
No obstante, en el caso de Reina, la acusación, ejercida por CTA, ha solicitado la comparecencia del exgerente del Imdeco Alfonso López, entre otras pruebas, según apuntan fuentes judiciales, después de que los dos exconcejales declararon hace unas semanas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba.
Al respecto, el exconcejal de Deportes Miguel Reina ya anunció que pedirían el archivo de la causa y adelantó que emprenderá acciones judiciales contra el sindicato, con el fin de "recuperar" su imagen, una vez que se declaró inocente y aclaró sobre los contratos del despacho de abogados de 'Cuatrecasas' que todo lo que firmó iba con "los informes buenos de Intervención".
En este sentido, subrayó que "la primera orden" que dio cuando llegó al cargo en 2011 fue que no se le pasara "nada para firmar si no era con el visto bueno de Intervención del Ayuntamiento, el secretario y todo aquel que tenía que dar el visto bueno", de forma que "si no era así, no firmaba nada", remarcó.
A su juicio, ha sido una declaración "clara y honesta" sobre la gestión que realizó en el Imdeco y lo que se encontró en él cuando llegó en 2011, con "una situación catastrófica en lo económico, que se debían cerca de un millón de euros, y en personal, que no se sabía por dónde había entrado".
Según detalló, después de cuatro años, se crearon campos deportivos nuevos; consiguió una financiación de 470.000 euros, tras gestiones con el Consejo Superior de Deportes, para distintas actuaciones; se creó una escuela deportiva de niños en exclusión social; al tiempo que "se ha dejado un remanente de 670.000 euros", de modo que lo que ha hecho ha sido "por el bien del deporte cordobés", enfatizó.
Al hilo de ello, insistió en que en su gestión ha puesto "el corazón y el alma", pero cree que "se ha manchado" su imagen, algo que "es lamentable y debe servir de ejemplo de que no se puede difamar, ni poner en tela de juicio la honorabilidad de las personas honestas", aclaró Reina.
Entretanto, el exconcejal popular animó a "la gente que está en el deporte a seguir luchando", a la vez que ha solicitado que "los que llevan estas tropelías dejen su cargo y se pongan a trabajar, al menos una vez en su vida".
LA GERENCIA DEL IMDECO
Por su parte, desde la acusación avanzaron en su momento que "es probable que desde el sindicato" se solicite la declaración del exgerente del Imdeco, porque entienden que "tiene un mayor grado de conocimiento y decisión en la contratación sucesiva y fraccionada del despacho de abogados" para "un servicio que ha sido el mismo del Imdeco, con el asesoramiento en materia de recursos humanos".
Al hilo de ello, recordaron que dicho asesoramiento se produjo "inicialmente con el expediente de regulación de empleo y después con las vicisitudes del Imdeco para adaptarse a la nueva situación laboral, impuesta en parte por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el PP en 2012".
Por tanto, tras la declaración de Reina, creen que "queda claro que quien materialmente ha tomado las decisiones de los contratos con 'Cuatrecasas' es la Gerencia del Imdeco" y de ahí que "lo oportuno sea citar al exgerente a declarar", al "conocer con mayor detalle las motivaciones y el procedimiento que se siguió para ir sucediendo contratos con el citado despacho".
Así, esperan que "explique por qué se hizo de esa manera y no a través de un contrato que concurriese públicamente y hubiera habido ofertas de otros despachos de abogados".
En concreto, detallaron que se hicieron cuatro contratos y "todos ellos en el límite del contrato menor", unos 21.000 euros, que "se adjudicaron directamente sin concurrencia entre otros licitadores posibles y que puede estar justificado", si bien "se presta un servicio continuado e indiferenciado de un contrato a otro y ello obliga a acudir al procedimiento público", según explicó el abogado de la acusación.
