El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cumple esta semana un año desde que tomó posesión al frente del Govern, unos primeros doce meses que ha gobernado a través de una geometría variable para hacer avanzar la legislatura y a los que llega con la mesa de diálogo, su principal proyecto para solucionar el conflicto catalán, congelada tras el caso de espionaje con el programa Pegasus.

Aragonès llegó a la Presidencia del Govern después de las elecciones del 14 de febrero de 2021, en las que el independentismo amplió su mayoría absoluta en el Parlament y logró la que han denominado como mayoría del 52% con la que fue investido.

Sin embargo, a medida que ha avanzado este primer año de mandato, la CUP se ha ido distanciando del Ejecutivo de Aragonès, que ha tenido que buscar nuevos socios y ha acabado optando por una estrategia de llegar a acuerdos también con el PSC y los comuns para sacar adelante los proyectos de la legislatura.

DISTANCIAMIENTO DE LA CUP

El acuerdo de investidura entre ERC y la CUP incluía varias medidas sociales y económicas, como impulsar un plan piloto para una renta básica universal y una energética pública, un pacto que fuentes del Govern aseguran que se está cumpliendo "ampliamente" y muy por encima del 25% que correspondería al primer año de legislatura.

Sin embargo, cuestiones como la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno, el proyecto Hard Rock, la relación con el Gobierno o la gestión de las huelgas de profesores han ampliando la distancia con los 'cupaires', algo que se certificó con el rechazo a los Presupuestos de la Generalitat de 2022.

Por eso, y pese a que la CUP sigue defendiendo la necesidad de que Aragonès se someta a la cuestión de confianza que habían pactado, desde la Presidencia de la Generalitat consideran que no tiene sentido hacerla si los 'cupaires' siguen sin dar estabilidad, como se habían comprometido en el acuerdo de investidura.

Ante esta situación, Aragonès ha encontrado el apoyo del PSC y los comuns para sacar adelante varios proyectos y decretos dejando una geometría variable con CUP, socialistas y comuns que las fuentes gubernamentales ya citadas reconocen que será la manera de hacer avanzar la legislatura en los próximos años, aunque rechazan aprobar con el PSC grandes proyectos como unas futuras cuentas.

De esta manera, el Govern logró aprobar los Presupuestos con los comuns y los socios del Ejecutivo acordaron con el PSC la renovación de cargos de los órganos estatutarios caducados, y se volvió a visibilizar con la propuesta de reforma de la Ley de Política Lingüística para hacer frente a la sentencia del 25% de castellano, que presentaron PSC, ERC, Junts y los comuns, aunque Junts se ha descolgado y está por ver cómo se acaba resolviendo este asunto.

RELACIÓN CON JUNTS

Además de los equilibrios para lograr los apoyos parlamentarios, tampoco ha tenido fácil la relación con Junts, sus socios de gobierno, que ha pasado por varios momentos de crisis en este primer año: desde las negociaciones tras las elecciones --Junts llegó a rechazar en dos ocasiones su investidura-- a choques más recientes como el acuerdo sobre el catalán o la gestión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, del escaño del exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

El momento de más tensión entre los socios del Govern fue cuando el presidente rechazó la delegación propuesta por Junts para la mesa de diálogo al no estar compuesta exclusivamente por miembros del Ejecutivo, lo que provocó que Junts no participe en esta mesa, así como el acuerdo de Presupuestos con los comuns que avivó la crispación entre las dos formaciones.

Además, en el horizonte se vislumbran nuevos escenarios que pueden desgastar esta relación: primero, la elección de Borràs como presidenta de Junts, que se ha caracterizado por ser una de las dirigentes del partido más críticas con ERC, y luego, la auditoría del acuerdo del pacto del Govern que prepara su formación y la posible inhabilitación de la presidenta del Parlament por sus presuntas irregularidades cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

DEL DIÁLOGO A LA CONGELACIÓN

Otra carpeta que puede seguir ahondando las discrepancias entre los socios del Govern es la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, y es que Aragonès llegó a la Presidencia de la Generalitat con la mesa de diálogo y la apuesta por la negociación con el Gobierno como principal bandera y mantuvo esta vía pese a las reticencias que genera tanto en Junts como en la CUP.

Los indultos a los presos del 1-O, la primera reunión con Sánchez en La Moncloa y la recuperación de la Comisión Bilateral fueron los primeros signos del restablecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos, que se consagró con la reunión de la mesa de diálogo el 15 de septiembre en Barcelona, en la que se conjuraron a iniciar la negociación para resolver el conflicto catalán sin plazos y con discreción.

Pero en 2022 la senda del diálogo se ha ido complicando y la primera señal fue que la segunda reunión pública de la mesa, que ambos gobiernos se comprometieron a reunir a principios de año, no ha acabado llegando.

Así, la irrupción del caso de espionaje a líderes independentistas ha acabado de torcer el diálogo, ya que la Generalitat considera que el Gobierno no está dando las explicaciones necesarias sobre este asunto ni está asumiendo responsabilidades, por lo que ha minimizado las relaciones con el Ejecutivo de Sánchez, ha dado por congelada la mesa de negociación hasta que no se resuelva el caso Pegasus y ERC ha advertido de que puede dejar de dar estabilidad en el Congreso.

Pese a esto, Aragonès y ERC mantienen la vía del diálogo como la prioritaria, aunque defienden la necesidad de que haya resultados visibles para continuar apostando en esta legislatura por esta mesa de negociación.