La Fiscalía Provincial de Valencia decidirá si investiga la denuncia interpuesta por el PSPV sobre actuaciones de testigos en la Comisión de investigación celebrada en las Cortes valencianas en relación con el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 de julio de 2006 provocó 43 muertos y 47 heridos graves, tras remitirle toda la documentación el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público.
El fiscal superior dictó con fecha 7 de mayo un decreto en el que acordaba abrir diligencias de investigación penal por la denuncia de los socialistas, pero luego las archivó al no citarse ninguna persona concreta ni aparecer ningún aforado en los hechos denunciados, según han explicado fuentes del ministerio público, ya que este extremo no constaba en el decreto. En el mismo escrito, el fiscal superior acordaba remitir la documentación a la Fiscalía Provincial, para que "actúe en consecuencia".
Esta documentación llegó a última hora del lunes a la Fiscalía de Valencia, que será la que ahora decida "con libertad de criterio" si abre o no una investigación relacionada con los hechos denunciados, han explicado las mismas fuentes. Este martes aún no había realizado ningún pronunciamiento.
"NUEVAS PRUEBAS"
El PSPV presentó el pasado 6 de mayo la denuncia a la Fiscalía en la que aseguraba aportar "nuevas pruebas" y pedía la apertura de una investigación por si en la Comisión de las Cortes valencianas sobre el siniestro se pudo incurrir por parte de algunos comparecientes en un presunto delito de falso testimonio. La presidenta del grupo parlamentario socialista en la cámara valenciana, Ana Barceló, y el diputado autonómico Francesc Signes, fueron quienes entregaron en Fiscalía del TSJCV la documentación.
En ella adjuntaron una copia del programa 'Salvados' sobre el accidente, el "argumentario" que la consultora HM Sanchis elaboró sobre el mismo y las actas de la comisión de investigación que se celebró en las Cortes valencianas.
Barceló explicó en el momento de la presentación del escrito que consideran que pudo producirse un delito de falso testimonio de acuerdo a la modificación del artículo 502 del Código Penal, que podría estar penado con entre seis meses y un año de prisión y recordó que cuando se citó a las personas que intervinieron en la Comisión de las Cortes acerca del metro se advertía de la obligación de decir la verdad.
