La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no se plantea una reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas, y ha emplazado a la Generalitat a explicar a los ciudadanos catalanes las consecuencias "adversas" de su plan soberanista.  Es mas, ha dicho que el propio presidente catalán se está dirigiendo a un "callejón que no tiene salida".

   Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha abogado por más diálogo y ha defendido que el presidente de la Generalitat acuda a explicarse al Congreso de los Diputados.

  "Uno está bien siempre que se explique y que se debata, pero creo el presidente de la Generalitat lo primero que tiene que explicar a los ciudadanos catalanes es la consecuencia de lo que está planteando", ha enfatizado, para reiterar que "se echa en falta una explicación de las consecuencias, fundamentalmente adversas, de lo que propone".

   La 'número dos' del Gobierno ha subrayado que Mas en los últimos meses se ha metido en un debate que hace "muy  difícil planteamientos de diálogo y de acuerdo" porque "parece concentrarlo todo en la consulta", sin "ninguna otra perspectiva". Es más, ha recordado que convocó unas elecciones que no fueron buenas para CiU y, pese a ello, "se metió en una dinámica que está suscitando grandes discusiones en Cataluña y una inestabilidad política que no es buena".

  "Creo que él mismo se está abocando a un callejón que tiene difícil salida, que no tiene salida en los términos en los que él ha planteado", ha proclamado Sáenz de Santamaría, para resaltar después que se pueden llegar a acuerdos en el marco de la Constitución.

DIÁLOGO "FLUIDO" CON DURAN

  Al ser preguntada si Moncloa trabaja en una reunión entre Rajoy y Mas, la vicepresidenta ha respondido: "Desde luego, no entra en nuestros planteamientos en este momento".  A renglón seguido, ha enmarcado en la normalidad el almuerzo de trabajo que ella misma mantuvo hace una semana con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida.

   Así, ha señalado que se reúne con "cierta habitualidad" con Duran, con quien aborda la actividad parlamentaria. "Tenemos un diálogo fluido, sabiendo además perfectamente lo que piensa cada uno y lo que piensa cada partido sobre el planteamiento de la consulta", ha indicado.

   Eso sí, ha admitido que al Gobierno del PP le sorprendió la "iniciativa unilateral" de Artur Mas anunciando una consulta en Cataluña para el mes de noviembre, ya que, según ha dicho, no es una "buena forma de contribuir al diálogo" sino "todo lo contrario".

   Dicho esto, ha señalado que la Generalitat "sabe" que un Gobierno de España no puede aprobar una consulta que "no entra en los márgenes de la Constitución". "Y el de Rajo no va a ser una excepción", ha enfatizado, para añadir que "no quiere" y además "no puede hacerlo" porque esa decisión corresponde al conjunto de los españoles.

   Sáenz de Santamaría ha recordado que los  grupos catalanes han registrado varias iniciativas en el Congreso para que se les transfiera la competencia para celebrar una consulta, pero ha recalcado que la posición del Ejecutivo "es clara" porque esa consulta "no entra en el ordenamiento jurídico" y hay que "respetar" el derecho de todos los españoles a decidir como organizarse.

REFROMA DE LA ADMIMISTRACIÓN PÚBLICA

  Por otra parte, Sáenz de Santamaría se ha referido a la reforma de la Administración Pública que ha puesto en marcha el Gobierno, que incluye más de 200 medidas y con la que ya han ahorrado casi 8.000 millones. Según ha dicho, aún queda una "parte importante" que ejecutar y pretenden ahorrar hasta el final de la legislatura casi 29.000 millones.

   La vicepresidenta ha dicho que la Ley de Régimen Local que se aplicó en diciembre también "implicará importantes ahorros" y ha agregado que a ello hay que sumar también la labor que están haciendo las comunidades autónomas para evitar duplicidades y ser más eficientes.

  "En todas las comunidades hemos encontrado muchísima colaboración, están haciendo muchísimas cosas", ha dicho, tras recordar que van a eliminar más de 700 empresas públicas, lo que supondrá un ahorro de más de 4.000 millones. Además, ha indicado que la Administración General del Estado acabará la legislatura "con un saldo neto de menos 96" empresas públicas.