El joven marroquí detenido hoy en Palma por supuesta vinculación con la organización terrorista Dáesh ha salido esposado de la vivienda en la que ha sido sorprendido por la Policía, y tras un registro que ha durado casi cinco horas.
El detenido, de 26 años, ocultaba su cabeza por completo con un jersey cuando ha atravesado agarrado por dos efectivos policiales con el rostro tapado, el umbral de la puerta del edificio donde se encuentra el piso en el habita junto a su familia, en el barrio de Son Gotleu, en la capital mallorquina.
Los policías han introducido velozmente al joven en un coche camuflado de color gris al que han seguido varios furgones, al tiempo que varios vecinos increpaban a gritos al detenido y alguno le decía "destápate la cara".
A continuación varios policías han salido del edificio portando consigo varias cajas de cartón que han cargado en los vehículos que aguardaban ante la puerta.
Durante el registro, cerca de una quincena de policías armados han acordonado del edificio de cinco plantas situado en la calle Santa Florentina de este barrio palmesano con una notable población de inmigrantes.
El arrestado, según ha informado el Ministerio del Interior, "suponía una clara amenaza para la seguridad nacional" y se servía de las redes sociales para reclutar a activistas seleccionados por él.
Al parecer, el detenido emitía mensajes radicales muy contundentes para captar a combatientes para la Yihad, promoviendo atentados y facilitando el viaje a las zonas de conflicto de Siria e Irak, con el fin de que se integraran en las filas del Estado Islámico (EI), o Dáesh.
Interior señala que, por otro lado, en grupos más reducidos, y ante una audiencia muy seleccionada, el detenido instaba a la comisión de acciones terroristas en territorio español y europeo.
Según las investigaciones, el hombre mantenía estrechos contactos con responsables terroristas radicados en Siria al servicio del Dáesh, quienes se encargaban de facilitar la llegada de nuevos combatientes y de proporcionar las órdenes y los recursos para posibles acciones terroristas en España y otros países del entorno.
La operación, con la que según Interior se ha neutralizado una "amenaza directa", sigue abierta y está dirigida por el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.
