El expresidente de la empresa Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del Canal de Isabel II en América Latina.
Así consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, que recoge los diferentes indicios de que dispone para justificar la prisión incondicional dictada para Rodríguez Sobrino en el marco de la investigación abierta sobre presuntas irregularidades en la empresa pública madrileña de gestión del agua.
Así, por ejemplo, el consorcio formado por las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras habría pagado en Panamá una comisión ilegal de 273.672 dólares por un contrato de servicios inexistente suscrito con la sociedad de las Islas Vírgenes Eduholding Corp. Una práctica, añade el magistrado, que llevaron a cabo en otros contratos en el país centroamericano.
En República Dominicana, la sociedad AAA Dominicana, participada mayoritariamente por Inassa, "habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales por valor, por ejemplo, de 440.000 ó 393.500 dólares, siempre relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados" por la citada empresa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al exconsejero del Canal Extensia José Javier Soler Gallego, lo que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití.
Y en Colombia, la Fiscalía Anticorrupción de ese país llevó a cabo una operación por los presuntos pagos de comisiones ilegales a cargos públicos para la adjudicación de contratos para la sociedad Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado SAESP (ASAA), perteneciente al grupo Inassa.
PATRIMONIO A NOMBRE DE SU HIJA
Según el magistrado, los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.
El auto del juez Velasco pone de manifiesto que durante la investigación Rodríguez Sobrino fue consciente de la intervención de su teléfono, por lo que inició "operaciones de transformación de su patrimonio conocido", de ahí que se deduzca que "habría intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que pudieran serle atribuidas".
"CAPACIDAD DE INFLUENCIA SOBRE DIRECTIVOS" DE 'LA RAZÓN'
Por otro lado, el instructor de la 'operación Lezo' ha "evidenciado" la "capacidad de influencia" de Rodríguez Sobrino sobre "directivos" del diario 'La Razón' -sin citar ningún nombre en concreto-- para "tratar de detener" las gestiones que estaba haciendo el Gobierno de Cristina Cifuentes para denunciar la actividad de Inassa.
De hecho, Velasco indica en su auto que esa "influencia" de Rodríguez Sobrino, como consejero delegado de la empresa que edita el periódico, se detectó "en fechas coincidentes" con la denuncia que presentó el consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, sobre la adquisición de la empresa brasileña Emissao.
Este fue el motivo por el que el pasado jueves prestaron declaración en calidad de investigados el presidente y el director del mencionado diario, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, quienes aseguraron que nunca habían coaccionado a Cifuentes.
La presidenta madrileña, su consejero de Presidencia, su jefa de gabinete, Marisa González, y el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras, también comparecieron ante el juez como testigos por este asunto.
