El Govern de la Generalitat ha presentado ante el juzgado de guardia contra los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han participado en el operativo contra el referéndum de independencia, por su "manifiesta perturbación de la paz pública".
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la Generalitat señala directamente a los agentes por haber participado "en actuaciones violentas y desproporcionadas" en toda Catalunya y que han incumplido así claramente el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, en funciones de guardia, considera que la orden de la magistrada Mercedes Armas --que investiga al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los consellers por convocar el referéndum-- preveía que las medidas a adoptar "en ningún caso podían afectar a la normal convivencia ciudadana".
IMPEDIR DERECHOS
"Estas actuaciones, además, han impedido el legítimo y pacífico ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación y del derecho de participación en los asuntos públicos", añade la denuncia del Govern de la Generalitat.
El escrito relata que a partir de las 9 horas de este domingo numerosas personas se han concentrado en locales y establecimientos públicos para ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y derecho de participación en los asuntos públicos.
Recuerdan que desde el primer momento los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional "han utilizado la violencia contra las personas que pacíficamente allí se encontraban", con lo que consideran que es un uso absolutamente desproporcionado de la violencia, con contundentes cargas policiales y golpes causando numerosos heridos.
PELOTAS DE GOMA
También hacen alusión a que los agentes han disparado balas de goma durante las manifestaciones pese a que "se encuentran prohibidas" por el Parlament en toda Catalunya y para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad desde el 30 de abril de 2014.
Señalan, además, que las primeras acciones violentas se han llevado a cabo "especialmente en aquellos establecimientos en los que se preveía la asistencia de destacados cargos y representantes políticos de las instituciones públicas de Catalunya".
