ETA cumplirá mañana seis años de silencio de las armas inmersa en un debate interno sobre su desaparición, reclamada por prácticamente todos los sectores políticos y sociales y que previsiblemente se presentará en los próximos meses con el término "desmovilización".
Mañana se cumplirán seis años del comunicado en el que la banda anunció el "cese definitivo" de su actividad terrorista en un contexto en el que ETA se define a sí misma como "organización desarmada" tras la escenificación de la entrega de los arsenales a la "sociedad civil" llevada a cabo el pasado 8 de abril en Bayona (Francia).
Después de seis años se mantienen abiertos los debates sobre el relato del pasado y la política penitenciaria, que únicamente podría variar a partir de que ETA haga una declaración explícita que acredite su final definitivo como organización.
En esa línea, el pasado 18 de septiembre la banda informó en un comunicado de que había iniciado un debate interno sobre su "ciclo y función" que podría finalizar con su esperada disolución, aunque difícilmente utilizará un término que, como en su día ocurrió con la palabra "condena", ha sido empleado constantemente como exigencia a la banda.
El esquema posible ha sido apuntado esta semana en San Sebastián por el Foro Social Permanente, un grupo de entidades y personalidades -muchas de ellas próximas o procedentes de la izquierda abertzale- cuyas propuestas habitualmente han servido para allanar el terreno a las decisiones de ETA.
En busca de investir el final definitivo de ETA de una cierta dignidad, se ha echado mano de un esquema diseñado por la ONU para los procesos de paz aplicados en distintos conflictos armados en el mundo: el denominado DDR (desarme, desmovilización y reintegración).
Tras el desarme del 8 de abril, el Foro Social puso el acento el martes en la necesaria "desmovilización" de ETA, sin citar en ningún momento la palabra "disolución", empleada siempre por el Gobierno y los partidos para exigir a la organización que deje de existir para siempre.
La ONU define "desmovilización" como "la baja oficial y controlada de los combatientes activos de las fuerzas y grupos armados, lo que incluye una fase de reinserción en que se proporciona asistencia a corto plazo a los excombatientes".
El hecho de que el Foro Social y el propio Brian Currin, el abogado surafricano líder del llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC), hayan puesto este esquema sobre la mesa permite augurar que pueda ser empleado por una organización que rehuirá cualquier gesto que pueda ser interpretado como una rendición.
De hecho, el Foro se reunió también el 22 de octubre de 2016 en Aiete para celebrar el quinto aniversario de la Conferencia que precedió al fin de la actividad armada de ETA y centró todo su mensaje en reclamar a la organización que acometiera un proceso de desarme. Dicho y hecho, seis meses después, la organización facilitó la localización de ocho zulos con 120 armas y 3 toneladas de explosivos en los alrededores de Bayona, un día después de declararse "organización desarmada".
Si se vuelve a cumplir la secuencia, ETA culminará su debate y anunciará su "desmovilización", una conclusión final de la que ya dio pistas en su último comunicado, hecho público el pasado 27 de septiembre.
En esta nota, ETA animaba a aprender las "lecciones" de Cataluña y abogaba por iniciar en Euskadi un proceso similar que la organización terrorista no "tutelará", ya que, reconoció, es "perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene no será un agente principal".
Con su salida del escenario -sea ésta una "disolución", "desaparición" o "desmovilización"-, más allá de las previsibles discusiones semánticas, ETA pretenderá colocar en el primer término la cuestión de la situación de los presos.
Los reclusos también han abordado su propio debate, con el resultado de que el 73 % de ellos (221 presos vinculados con ETA) avalaron la propuesta de "utilizar las diferentes posibilidades existentes en el ámbito jurídico" para "vaciar las cárceles", aunque sin pasar por el aro -exigido por la ley- del "arrepentimiento y la delación".
La izquierda abertzale y las personas y colectivos autoproclamados mediadores -como los llamados "artesanos de la paz" que actuaron en el desarme- intentarán abordar la "reintegración" -siguiendo de nuevo el esquema DDR de la ONU- de todos los terroristas "desmovilizados", aunque a corto plazo incidirán en objetivos más inmediatos como la puesta en libertad de los presos enfermos y los que han cumplido tres cuartas partes de la condena y el acercamiento de los reclusos a cárceles próximas a Euskadi.
Paralelamente, quedarán pendientes tareas arduas como la clarificación y reflexión crítica sobre el pasado y el reconocimiento y reparación de todas las víctimas.
