El caso del asesinato del joven Samuel Luiz encara, tres años después, su recta final con cinco adultos pendientes de juicio y dos menores que están a seis meses de cumplir su condena.
La noche del 2 al 3 de julio de 2021 un grupo de jóvenes atacó a Samuel Luiz, otro joven de origen brasileño que entonces tenía 24 años, tras salir de un establecimiento de ocio nocturno en el entorno de la playa de Riazor de A Coruña, donde hoy permanece un altar improvisado para recordar lo ocurrido.
Allí acabaron con su vida de una brutal paliza, que intentaron frenar dos senegaleses que no conocían a ninguno de ellos y que tienen otro proceso judicial paralelo, tras lo que fueron detenidos seis varones -dos menores- y una mujer.
Todos como supuestos participantes en la agresión, excepto la mujer, que los investigadores ven como instigadora de lo ocurrido.
Los dos menores fueron condenados casi de inmediato, por un acuerdo con la Fiscalía, al confesar su culpabilidad y aceptar tres años y medio de internamiento, que están a punto de cumplir.
En el caso de los adultos, lo ocurrido es más complejo, pues para ellos la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de cárcel, con tres de ellos en prisión provisional -prorrogada sobre el plazo máximo de dos años- y otros dos -la única mujer y el último detenido- en libertad con medidas cautelares.
El juicio empezará el próximo 16 de octubre y se extenderá hasta el 18 de noviembre, algo más de un mes en el que nueve miembros del jurado deberán dar respuesta a 87 cuestiones, junto con otras 7 sobre el grado de ejecución del delito y la participación de los cinco acusados, como la determinación de si se trató de un asesinato a nivel jurídico.
La Fiscalía ve el asesinato en el hecho de que el homicidio está agravado por la alevosía, al considerar que una paliza grupal contra un único joven hizo imposible su defensa y garantizó la impunidad de los procesados.
Causa de la muerte: cúmulo de golpes
Las defensas no se conformaron en su momento con una única autopsia y pidieron una segunda, pero la conclusión fue idéntica: la causa de la muerte fue un cúmulo de golpes.
Esto será un eje central durante el proceso, pues la Fiscalía sostendrá que los cuatro hombres provocaron las lesiones y, por tanto, la autoría del asesinato es compartida, junto a la de la mujer como supuesta instigadora.
Las defensas, en cambio, buscan plantear al jurado la duda sobre lo ocurrido con cada uno de los acusados, al argumentar que es necesario demostrar quién dio cada golpe y cuál o cuáles fueron de mayor gravedad y mortales.
Homosexualidad: agravante a demostrar
La Fiscalía piensa que en el crimen se produjo una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que la agrava: el hecho de que uno de los agresores y su novia actuasen movidos por "su animadversión hacia la orientación sexual homosexual que le atribuyeron a la víctima".
Se trata de un factor que desde aquella noche está en boca de todos los testigos, que apuntan a gritos homófobos previos a la paliza.
También hay una circunstancia que podría atenuar o eliminar la responsabilidad penal de tres de ellos, que tendrán que demostrar, pues aseguraron que se encontraban bajo los efectos del alcohol.
Uno de los acusados tiene pendiente, además, un delito de robo con violencia, con una petición de 5 años más de cárcel, al haberle robado supuestamente el móvil a la víctima, si bien en la instrucción dijo que se lo había encontrado.
La magistrada presidenta del tribunal del jurado ha decretado que procede admitir las pruebas propuestas por las partes en sus respectivos escritos de acusación y defensa, a excepción de los informes policiales de visionado de imágenes y de la llamada infografía forense con el correspondiente reportaje videográfico, tal como había determinado en mayo el TSXG.
Tras la petición de la defensa, cuatro de los procesados declararán al final y solo uno, Alejandro Míguez, el único hombre que está en libertad, lo hará al principio.
