La Policía ha desarticulado un grupo criminal dedicado a favorecer la regularización de empresarios de Marruecos en ese país y de sus familias con alto poder adquisitivo mediante la falsificación de documentos que los hacían pasar por empresarios también en territorio español.

Ocho personas, entre ellas una abogada en ejercicio con despacho en Granada, han sido detenidas en esta operación contra la inmigración irregular, en la que se ha detectado la regularización ilegal de 15 personas pertenecientes a cuatro familias, cuya pretensión suele ser tener acceso directo a servicios sanitarios, educativos o establecerse comercialmente en España.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, la investigación se inició a raíz de otra anterior en la que agentes de Extranjería y Fronteras de Granada advirtieron que un empresario marroquí en su país había obtenido autorización de residencia y trabajo después de presentar documentos falsificados.

Estos últimos lo acreditaban como falso titular de un establecimiento de venta de calzado situado en un local del centro de la ciudad, en el que no ha habido comercio alguno.

Una vez completado el trámite documental en un despacho de abogados de Granada que actuaba como representante del ciudadano marroquí, averiguaron que la abogada se habría desplazado al Consulado de España en Nador donde habría instado en nombre del extranjero, que sí era empresario en Marruecos, un procedimiento de regulación el cual se hacía extensivo para su esposa e hijos.

Entre otras irregularidades, la familia únicamente residía en España cortos periodos de tiempo, los necesarios para no exceder los espacios temporales que los extranjeros residentes pueden estar fuera.

Además de simular falsas actividades mercantiles, los locales y pisos eran alquilados realmente a través de una inmobiliaria y, para obtener la complicidad o el silencio de los propietarios, se les abonaban semestres completos por adelantado.

En el caso de que manifestasen la inexistencia de negocios en sus locales, se les indicaba que se trataba de una práctica legal.

Según avanzaba la investigación, se obtuvieron datos que corroboraron que se trataba de una práctica común y continuada de ese despacho jurídico, donde se cobrarían importes entre los 20.000 y los 40.000 euros a los extranjeros marroquíes para regularizarlos ilícitamente como falsos empresarios en España.

En cuanto a los detenidos, la investigación señala la participación, junto con la abogada, de la responsable de una inmobiliaria, así como otra mujer, nacionalizada española de origen marroquí, encargada de acompañar a la letrada a Nador y Tánger para captar a las personas a los que ofrecer las regularizaciones ilegales y hacer las veces de intérprete.

Esta también actuaría como representante legal en los expedientes de regulación y renovación de estas personas.

Los investigadores han acreditado la regularización ilegal de cuatro familias marroquíes de nivel económico acomodado, que suman en total 15 personas con permisos de residencia en fraude de ley, motivo por el que, al margen de las actuaciones penales emprendidas, se ha solicitado la revocación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia.