El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, mantiene que el Ayuntamiento de Motril (Granada) no tiene "autoridad ni competencias" para "expulsar" del municipio "a nadie", tampoco a las familias rumanas a las que el Consistorio pagó el viaje de regreso a su país porque, según ha recordado, "son ciudadanos comunitarios".

A preguntas de los periodistas sobre el desalojo de un asentamiento chabolista en Motril, Cruz ha dicho que sólo conoce el asunto a través "de los medios de comunicación" por lo que ha rehusado pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de la localidad, al que la Junta y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya han solicitado información documental sobre el asunto.

No obstante, el subdelegado sí ha querido aclarar que los afectados son ciudadanos de la Unión Europea y sólo pueden ser expulsados mediante una resolución judicial "muy fundamentada". "Entiendo que el Ayuntamiento de Motril no los ha expulsado porque no tiene autoridad ni competencia" para hacerlo, ha precisado.

Según ha añadido, ocurre una situación parecida para aquellos ciudadanos que no pertenezcan a la Unión, los cuales sólo pueden ser expulsados a través de una resolución gubernamental de la Subdelegación del Gobierno.

Las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Granada se producen después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, haya solicitado sendos informes al Ayuntamiento y a las ONG del municipio sobre el desalojo de este asentamiento chabolista instalado en el barrio de Los Álamos, en unos terrenos de propiedad municipal donde habitaban varias familias de nacionalidad rumana a las que el Consistorio ha pagado el viaje de vuelta a su país de origen.

Pese a esta solicitud formal, Chamizo ya ha telefoneado personalmente al alcalde de Motril, Carlos Rojas (PP), y éste le ha explicado que la medida responde "a la petición" del propio grupo, si bien esta versión difiere de la dada por las ONG, que apuntan que la medida es "una forma de echarlos".

Según explicó el pasado día 17 el concejal de Interior en el Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, el procedimiento seguido cumple "la más estricta legalidad" y se ha llevado a cabo "sin tener en cuenta la nacionalidad" de los afectados, ya que en este asentamiento también vivían personas de origen magrebí y español.