Además de su ideología de derecha, algo tienen en común los ministros del Gobierno del Partido Popular: si el titular de Educación, José Ignacio Wert, ha sido capaz de unir a la comunidad docente (padres y madres, alumnos y profesores) contra su propuesta de ley de Calidad de la Enseñanza, el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, obró ayer la hazaña de reunir a jueces, fiscales, abogados y funcionarios judiciales, contra la situación que vive la Justicia actualmente en España. Así, aunque fueron los jueces y fiscales quienes convocaron una huelga histórica, en Huelva, y durante su comparecencia ante la prensa, estuvieron apoyados por fiscales y defensores, al tiempo, que en la otra acera de la Alameda Sundheim, esos juzgados improvisados, los funcionarios volvían a reiterar su rechazo a los recortes.
Histórica, porque no se suelen dar paros reivindicativos de sus señorías, y también porque estaba convocado de manera unánime por hasta cinco asociaciones: Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
“Nos sobran los motivos”
Como en la canción de Sabina, los huelguistas y sus solidarios compañeros, coinciden en puntos de queja como la falta de medios para el ejercicio de la Justicia, que conlleva una institución que ofrece un servicio de baja calidad, como indica ese listado que sitúa a España en el puesto 16 a nivel europeo por el número de jueces por habitantes. Pero hay más: la paralización del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con carácter inmediato, así como del régimen de sustituciones impuesto y el incremento de la inversión pública en Justicia para disponer de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones, según enfatizó el decano de los jueces onubenses, José Manuel Borrero, que además, puso también sumo empeño en dejar claro que no se trata de una huelga “política”, sino profesional, pues sus señorías trabajan “desde la independencia” porque la Justicia funcione y el ciudadano reciba un servicio de calidad. Por cierto que Borrero, también afirmó que, con independencia del resultado de la convocatoria (léase seguimiento), se va a seguir dando batalla.
Y hablando de seguimiento, si ya se sabe que “no hay luz sin día, ni día sin mañana”, tampoco hay huelga sin baile de cifras. En principio, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se cifró en 16 jueces en toda la provincia y ningún magistrado de la Audiencia según han comunicado a la citada instancia los implicados, mientras que según concretó a los periodistas el juez de instrucción y miembro del comité nacional de Francisco de Vitoria, Javier Pérez Minaya, el seguimiento en el partido judicial de Huelva anduvo en torno al 50%. En el resto de los partidos, en la provincia, se apunta a un respaldo que se situó sobre l 57% aproximadamente (con el paro de ocho de catorce jueces).
Razones del funcionario
En cuanto a la protesta, ya habitual todos los miércoles, de los funcionarios judiciales, en declaraciones recogidas por Virginia González, el responsable de la sección sindical de CCOO, Aquilino García, en nombre de la plataforma de los sindicatos de Justicia, declaró que “Los funcionarios llevamos desde el mes de mayo, que empezaron los recortes, y concretamente hoy coincidimos con la convocatoria de huelga de jueces y fiscales. Nosotros estamos haciendo una concentración todos los miércoles porque la problemática se ha ido incrementando, la reforma de la Ley de Tasas ya está en vigor, la futura reforma de la Ley del Registro Civil va a suponer una importante pérdida de trabajo, aparte de un servicio público, actualmente gratuito para todos los ciudadanos, que se va a privatizar con su traslado a los registradores de la propiedad y mercantiles”. Y de fondo la dichosa Ley de Tasas, sobre la que hasta el ministro ha dado marcha atrás: “Es una pérdida de derechos para los ciudadanos porque en muchas ocasiones no va a merecer la pena litigar. Y en otras ocasiones, vas a tener una sentencia contraria, como pasa en la jurisdicción social, que si bien no hay tasas en la primera instancia, sí te la ponen para el recurso”. Tasas, en muchas ocasiones, superiores al valor de lo reclamado.
