Se abre la puerta del número 4 de la calle San Ramón, en la barriada de Viaplana de la capital onubense. Un sol intenso del verano adelantado ilumina un espacio abierto. A la derecha, chatarra amontonada; a la izquierda, un níspero, triste como el lugar que ocupa, rodeado de hojas caídas, basura y desorden. El lugar se estrecha para convertirse en un estrecho pasillo al aire libre flanqueado por decrépitos habitáculos. La primera puerta a la izquierda es la sala de estar improvisada con un mobiliario ‘robado’ de la calle y una habitación para que Andrés y Silvia duerman sus días prestados; la primera a la derecha, un solitario retrete en suelos rotos tras el que un barco en un azulejo simula la travesía hacia la nada en la que están inmersos. Hay tres habitaciones más, cobijo de desechos, techos caídos y, en la del fondo, una montaña de cuadernos que hace recordar el almacén de papelería que fue en su día.
Si los dueños no pueden ni vender, ni construir, ni habitar ni nada, ¿por qué no nos dejan estar aquí hasta que lo derrumben?
Este es el inmueble que Andrés Mantero y Silvia Castizo okuparon hace alrededor de un año y medio. Tras rehabilitarlo para hacerlo mínimamente habitable, hicieron de él su morada para descansar de su actividad chatarrera. Pero ese lugar inhóspito, por muy infravivienda que sea, no es suyo. Pertenece a unos herederos que han reclamado ante la Justicia su desalojo, y el próximo 15 de junio, Andrés, Silvia y Miguel Ángel Gálvez (un sintecho que dormía en los cajeros y que desde hace un par de meses vive con ellos) serán desahuciados.
El debate en esta historia se abre al tener en cuenta que la vivienda está en una calle de inmuebles que serán derribados cuando el Ayuntamiento acometa el plan de convertir en zona verde todo el espacio. Fuentes municipales confirmaron a Viva Huelva que, efectivamente, la parte de la calle San Ramón en la que está esta casa okupada se encuentra en un plan urbanístico “sin plazo” para llevarse a cabo, “sin previsión de que haya movimiento alguno a corto plazo”. Dada esta situación, Andrés y Silvia apelan al “corazón” de los denunciantes para que den marcha atrás y, teniendo en cuenta que a esa finca no le pueden sacar más beneficio, retiren la denuncia y puedan habitar ese espacio degradado hasta que se lleve a cabo su demolición.
Como no tiene pinta de que esa retirada de denuncia vaya a llevarse a cabo, Andrés, Silvia y Miguel Ángel van a tratar de gestionar con los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva una solución alternativa a la de tener que vivir en la calle.
Mientras, toman conciencia de que van a ser echados de una casa que, aunque inhabitable, les sirve para pasar su día a día con la esperanza de poder dejar la venta de chatarra y volver al mercado de trabajo. El día 15 está ya aquí, y su historia okupa toca a su fin a pesar de que el espacio okupado no tiene más utilidad que esperar que pase el tiempo para ser derribado. Sin más utilidad que un espacio más en desuso cuando se cierre la puerta del número 4 de la calle San Ramón.
