Huelva se ha convertido en ciudad pionera en España a la hora de denunciar por la vía penal los daños que causan los aditivos de los cigarros centrándose en la “dejación” de cargos del Gobierno español y de la Junta de Andalucía con las empresas tabaqueras.
Impulsado por la delegación en Huelva del Bufete Osuna, dos ciudadanos onubenses presentaron a mediados del mes de junio sendas denuncias por la vía penal, y una de ellas ya está siendo investigada por la Fiscalía, después de que hace apenas una semana el juez incoara las diligencias.
La denuncia, argumentada a lo largo de 25 páginas y a la que ha tenido acceso Viva Huelva, va dirigida contra: el secretario general de Sanidad y Consumo (Ministerio de Sanidad); el director general de Salud Pública, Calidad e Innovación (Ministerio de Sanidad); el presidente para el Comisionado del Mercado del Tabaco (Ministerio de Economía y Hacienda); el director general de Asistencia Sanitaria (Servicio Andaluz de Salud); la consejera responsable de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; y “demás cargos que sean responsables por razón de sus funciones”.
Así, el escrito señala que los denunciados “desde la responsabilidad que detentan en la Administración, han consentido y consienten la presencia y comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos capaces de provocar cada año más de 50.000 muertes sólo en España además de graves enfermedades en cientos de miles más de ciudadanos”.
Asimismo, aclara que esta acción penal “no se centra en el tabaco, la nicotina, el alquitrán, el monóxido de carbono o aquellas otras sustancias que los consumidores –activos y pasivos- saben que contienen los cigarrillos y aún así eligen consumir ejerciendo su libre albedrío, sino de las casi tres centenares de sustancias que la propia industria ha admitido ante la Administración estatal que añade a los cigarrillos, la mayoría como aromatizantes, muchas de las cuales están reconocidas internacionalmente como adictivas, tóxicas y/o cancerígenas. Y todo ello el consumidor no lo sabe porque ni los responsables del Ministerio -ni los de la industria tabaquera- se lo han comunicado jamás”. Por esto, los denunciantes consideran que se trata de “una clara dejación de responsabilidad, ya que los altos cargos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Economía y Hacienda denunciados tienen la obligación de exigir a toda empresa que comercializa productos de consumo masivo que proporcione las pruebas de su inocuidad, muy especialmente cuando hay evidencias científicas de su peligrosidad para la salud”.
Informes médicos
La denuncia que ya está en manos de la Fiscalía de Huelva para que proceda a su investigación va amparada por un informe médico sobre la situación del denunciante, un hombre de Huelva de unos 70 años de edad y con cáncer en estado avanzado. Dicho informe refleja que el paciente “presenta signos evidentes de enfermedad producida por el consumo de cigarrillos durante años”, a lo que añade que el cáncer consiste en un “tumor maligno, cuya causa principal es el consumo de cigarrillos, y se considera que hasta en un 90 % se debe a este hábito”. Por último, el informe médico indica que la aparición del cáncer que padece el denunciante “aumenta en un 43 % en aquellas personas fumadoras respecto a las no fumadoras”.
Con estos argumentos, y muchos otros que aparecen en la denuncia, Huelva ha puesto en manos de la Justicia la posibilidad de investigar la responsabilidad penal de las administraciones a la hora de consentir el consumo de sustancias claramente dañinas para la salud de los consumidores. Varias denuncias de afectados en Cádiz y Córdoba serán las próximas en llegar a los juzgados.
Miguel Ángel Muñoz, letrado de los denunciantes de Huelva, hace la siguiente valoración para Viva Huelva: “Si la Fiscalía avanza en la investigación y se logra crear conciencia ciudadana, será un primer gran paso en esta lucha”.
