Durante una reunión, solicitada por la Plataforma Salvemos Doñana para intercambiar información e impresiones, la iniciativa ciudadana solicitó ayer el amparo del Defensor del Pueblo andaluz, por la posible amenaza que para la conservación del Espacio Natural Doñana y su entorno suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio, promovidos por Gas Natural Fenosa. El Defensor expresó a los asistentes que, al menos en tanto se realiza un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas, y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.
Jesús Maeztu informó a los integrantes de la iniciativa ciudadana sobre el trabajo que esta Institución está desarrollando para despejar las dudas sobre los riesgos que se ciernen sobre el espacio protegido y su entorno y mantener a la ciudadanía informada sobre su situación actual. En particular, informó sobre la actuación desarrollada para valorar la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de Interés Comunitario de absoluta referencia para nuestra Comunidad Autónoma en términos ambientales. Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la Administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.
Lola Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación. Planteó que lo más grave para la organización ecologista es que "el efecto acumulativo de los cuatro por separado no es lo mismo que la suma de los cuatro efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto". Añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas importantísimas y el estudio ni las nombra. Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la "dudosa utilidad pública" que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión. Finalmente, Yllescas dejó en el aire la pregunta ¿por qué un almacén de gas en Doñana, que no es suelo industrial?
Juan Romero, portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la Administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según afirmó Romero, "todavía estamos esperando". Seguidamente informó de que en el último Pleno del Consejo, celebrado el 2 de diciembre pasado, la organización Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Doñana presentaron por escrito un recordatorio de que hace dos años se llegó a este acuerdo, con la sola respuesta por parte del representante de la Administración central de comprometerse a comunicárselo al Ministerio.
Finalmente, Maeztu y todos los asistentes coincidieron en que debemos encontrar la forma de blindar Doñana y su territorio para poder dejar de hablar algún día de las amenazas de este paraíso protegido y hablar de un paraíso modelo en la conservación de sus recursos naturales, el desarrollo de proyectos integrados, la creación de empleo verde y el uso de energías limpias.
