Los sindicatos Acaip-USO, UGT y CSIF del centro penitenciario de Jaén han advertido este viernes que las guardias sanitarias "presenciales" pasarán a ser "localizadas". Sin embargo, según concretan, tanto el médico como el ATS "tienen que estar localizados entre las 22,00 horas y las 8,00 horas del día siguiente para atender las urgencias que puedan darse en el centro y desplazarse al mismo para atenderlas".
En un comunicado, los mismos se han posicionado en contra de esta medida por "las graves consecuencias que podrían derivarse". Según han precisado, la prisión alberga actualmente "unos 640 internos con diferentes tipos de patologías, tanto psiquiátricas como enfermedades graves que hace de este colectivo un colectivo de especial seguimiento debido a la tipología de la persona que se encuentra en su interior".
"Ante una urgencia en el horario anteriormente indicado, deben de ser los funcionarios de vigilancia interior los que tengan que hacer frente a esta situación, evaluando la misma por si fuera necesario avisar al servicio médico de guardia localizada para que se traslade al Centro, a una ambulancia o bien a los servicios sanitarios del 061".
Los funcionarios de interior de vigilancia "no tienen en su cometido el evaluar la urgencia o emergencia vital y tomar estas decisiones, ya que podría estar en juego la vida de una persona". En una "emergencia vital, como mínimo la respuesta del servicio médico localizado sería de al menos y, como mínimo, de unos 40 minutos para presentarse en el centro penitenciario, lo que en determinadas ocasiones puede ser excesivo para salvar la vida de una persona que carece de libertad".
Asimismo, "ante la duda de la gravedad de una urgencia en cuestión, van a aumentar las derivaciones al hospital a través de ambulancias o 061, y estos servicios deben de ser abonados por el centro penitenciario, con lo que el supuesto ahorro de la modificación de estas guardias, no tendría sentido alguno".
Además, "va a aumentar el número de demanda asistencial extrapenitenciaria a la red sanitaria pública --urgencias y programadas--". Al ser trasladado un interno "en supuesta emergencia vital", provocaría "un aumento en la demanda de personal policial para realizar los traslados a los hospitales de la capital".
A esto hay que añadir "las posibles denuncias por parte de internos o familiares de estos hacia el personal de vigilancia o médico al no considerar que la prestación sanitaria ha sido la correcta, en el caso de urgencia". Así, en caso de que el personal sanitario tenga que presentarse en el centro ante la llamada de los funcionarios de vigilancia, "pasarían a cobrar como guardias presenciales en lugar de localizadas, aumentando el gasto por el desplazamiento al centro en un servicio de taxi para presentarse en la cárcel".
En definitiva, esta medida provocará "una falta de asistencia sanitaria a los internos del centro penitenciario ante una emergencia vital, colapsará los servicios de urgencias de los hospitales públicos y repercutirá en seguridad ciudadana por el elevado coste en efectivos policiales, provocando además un malestar general en el medio penitenciario agudizado por graves problemas regimentales y de seguridad", han concluido los sindicatos.
