La Fiscalía solicita una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde socialista de Úbeda (Jaén), Marcelino Sánchez, por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al realizar una contratación temporal.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público consultado por Europa Press, el acusado, como máximo responsable del Ayuntamiento ubetense, el 14 de julio de 2010 firmó un decreto de contratación de un trabajador, cuya duración se extendió desde el día 15 de julio de 2010 y hasta el día 14 de enero de 2011, como conductor de vehículos pesados y retroexcavadora.
Lo hizo, según prosigue, "habiendo dictado dicha resolución pese a tener perfecto conocimiento del informe negativo emitido por el Jefe del Servicio de Personal" del Consistorio, "pues no concurrían en el trabajador los requisitos de mérito y capacidad, ni se cumplían los requisitos de publicidad del procedimiento de contratación, contraviniendo las disposiciones del artículo 91,2 de la Ley de Bases de Régimen Local".
Por ello, el fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal y solicita la imposición de la pena de "nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público" y costas.
La comunicación de apertura de juicio oral, que se ha señalado para el 23 de febrero en la Audiencia Provincial, llevó a Sánchez el pasado noviembre a dejar el PSOE así como su cargo como gerente del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), dependiente de la Diputación.
El exalcalde afirmó entonces que asumía "plena y responsablemente el código ético" de su partido y tomaba esa decisión para demostrar su "inocencia" en una "práctica administrativa municipal desde los años 80" y "demostrar que no todos somos iguales".
Sánchez aseguró no tener "ninguna duda" de que saldrá "sin mancha de este proceso", pero tampoco de que se trata de una acusación "de venganza política y falsa a sabiendas" del actual alcalde, José Robles (PP), para hacerle "el mayor daño posible" a él "en lo personal" y "en lo político" al PSOE. El regidor, de su lado, le contestó que "no denunció a nadie" y se limitó a "poner en conocimiento de la fiscalía" documentación sobre hechos en los que entendió que "podía haber alguna irregularidad".
