Mañana jueves se cumplirán seis meses desde que el Ayuntamiento dio luz verde al Fondo de Financiación del Gobierno de la nación para el pago de sentencias judiciales condenatorias. La medida, que tuvo que aprobar el alcalde en la junta local de gobierno al no contar el PP con la mayoría en el Pleno, tuvo que demorarse hasta noviembre para recibir la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que actúa como avalista del crédito.  Con todo, no fue hasta la víspera de Navidad cuando el equipo de gobierno firmó la operación financiera para hacer frente al pago de 69,8 millones en sentencias, de ellos 12 millones corresponden a intereses de demora por  fallos sin ejecutar en algunos casos desde hace más de dos décadas)
Pues bien, a pesar de que el Ayuntamiento dispone ya del crédito correspondiente (que deberá devolver con sus intereses correspondientes) son más de 400 las sentencias firmes que todavía aguardan su  ejecución y el pago correspondiente.   Entre ellas hay sentencias tan lejanas en el tiempo como la expropiación de la gasolinera del Polígono del Valle o la de la discoteca Bariloche que la familia Solar ganó al Consistorio.
Abogados de algunos acreedores municipales han indicado a este periódico que van a reclamar una investigación para que el Ayuntamiento aclare la demora en el pago de estas sentencias, habida cuenta de que el Ayuntamiento ya dispone de ese dinero.
Fue en el pleno del 14 de diciembre cuando el PP, utilizando el voto de calidad del alcalde, Javier Márquez, sacó adelante el fondo para pagar sentencias. Y ya entonces desde la oposición se advirtió de que este fondo llegaba con un “informe demoledor” de la Intervención, que puso  no pocos reparos a esa operación. Desde Jaén en Común (JeC), la concejal María Dolores Nieto subrayó que más que un fondo de liquidez se trataba de un “fondo de usura” y un “regalo de Navidad para los bancos” por las altas condiciones financieras de los créditos que deberá hacer frente el Ayuntamiento.