El Ayuntamiento de Jerez volverá a recurrir a los mecanismos de financiación habilitados por el Ministerio de Hacienda para hacer frente al abono de sentencias judiciales firmes derivadas de impagos que en ocasiones se remontan al ejercicio 1990.

En esta ocasión, se solicita un préstamo de 28,3 millones de euros que se destinará fundamentalmente al pago de deudas contraídas con Urbaser, anterior concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. También se incluyen en este paquete abonos pendientes por expropiaciones en Los Garciagos y en el entorno del complejo deportivo de Chapín.

La propuesta del Gobierno ha salido adelante con los votos favorables de PP, Adelante y Ganemos; manteniéndose en la abstención Ciudadanos y el concejal no adscrito Francisco Zuasti.

La teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha enmarcado esta iniciativa en la “gestión responsable” del Gobierno local, que “no guarda las facturas en el cajón” y que “va a seguir financiándose” a través de los mecanismos que ofrece el Ministerio de Hacienda.

Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, todos los grupos de la oposición coincidieron en la necesidad de trabajar en la búsqueda de una solución definitiva al problema de la deuda municipal, conscientes de que este tipo de operaciones –aunque necesarias- no son más que “un parche” a un asunto que requeriría de la implicación del Estado.

El portavoz del grupo popular, Jaime Espinar, adelantó que esta formación respaldará este tipo de iniciativas “por responsabilidad”, pero advirtiendo de que “hay que ir más allá” si de verdad se quiere salir “de este bucle”.

Manuel Méndez, portavoz de Ciudadanos, puso en duda que se puedan mantener las previsiones en cuanto al interés que se toma hoy como referencia para hacer el cálculo de la operación, situado en el 1,58 por ciento, ya que “todos los expertos dicen que esos tipos se van a ir por las nubes de aquí a diciembre”.

También instó al Gobierno local a explicar cómo piensa hacer frente al pago de este tipo de préstamos a partir de 2024, una vez que finalice el periodo de carencia de dos años.

En esta línea, Kika González, de Ganemos, admitió ya que se está dando vía libre a una operación sabiendo que no será posible pagar los cinco millones de euros anuales que se estiman como cuota de amortización, a pesar de lo cual resulta “imposible” renunciar a un mecanismo financiero que permite saldar deudas reclamadas ya por vía judicial.

Por último, el concejal de IU Raúl Ruiz-Berdejo, lamentó que se siga sin afrontar una reforma del modelo de financiación local a pesar de que “es evidente que los ayuntamientos están infrafinanciados”. “Esto es pan para hoy y hambre para mañana, pero no tenemos más remedio que aceptarlo si queremos seguir funcionando y prestar servicios públicos”, concluyó.