La alcaldesa, María José García-Pelayo, admitió este miércoles que la falta de vivienda pública “es uno de los principales problemas que tiene la ciudad” debido a que en los últimos años solo se han construido promociones de renta libre, que resultan inaccesibles para la mayoría de la población.
Según la regidora, actualmente son 2.639 las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda pública, “ya sea en propiedad o en alquiler con opción a compra a un precio asequible”.
García-Pelayo se refirió a esta cuestión después de conocerse que la Junta de Andalucía ha declarado desierta la licitación que promovió para construir 222 viviendas de alquiler al no haberse presentado ninguna propuesta que cumpliera con los requisitos de la convocatoria amparada por un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se nutre de fondos europeos.
Más allá de ese contratiempo, la alcaldesa puso en valor “la voluntad” de la Administración autonómica de construir no solo esas viviendas, sino “incluso más”, expresando su confianza en que “más pronto que tarde” se pueda desarrollar ese proyecto, ya que entre otras cosas hay “disponibilidad de suelos” y el Ayuntamiento ofrecerá “todas las facilidades” para hacerlo posible en el marco de sus competencias.
García-Pelayo entiende que la licitación ha quedado desierta “porque las condiciones que pone el Estado son inasumibles” si se tiene en cuenta “que los precios de la materia prima y del transporte han subido” y que la ejecución de estos proyectos no resulta por tanto “rentable” para las empresas que pudieran estar interesadas.
Lo importante es, a juicio de la alcaldesa, que esos suelos “están definidos para vivienda pública y que hay voluntad por parte de la Junta de Andalucía” para desarrollar estas promociones, por lo que lo único que echa en falta son “más facilidades” por parte del Estado para hacerlo posible.
Mientras tanto, la realidad es que el registro de demandantes “está colapsado” ya que “no se pueden entregar viviendas públicas porque no se han construido” y además es necesario “cumplir una normativa” a la hora de adjudicarlas.
La alcaldesa insistió por último en responsabilizar de esta situación al Gobierno central, que en su opinión está poniendo en práctica “una política equivocada” que provoca que tanto las hipotecas como los alquileres se hayan puesto “por las nubes, ya que se piden “hasta 600 euros” mensuales por una vivienda media.
