El pleno celebrado ayer por la Corporación municipal se inició con una protesta de los sindicatos, concretamente de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Sindical Obrera (USO), relativa al impago del porcentaje restante de la nómina del mes de septiembre.

El alcalde accidental, Gabriel Gonzálvez, cedió la palabra al secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Porras Naranjo, quien lamentó que, pese al anuncio del equipo de gobierno el pasado martes sobre el ingreso de una cantidad relativa a esta nómina, ningún trabajador había percibido nada. En este sentido, criticó la falta de compromiso del equipo de gobierno y calificó la situación como “mucho peor que la de hace unos meses”. Porras Naranjo pidió al alcalde de la ciudad, Alejandro Sánchez, que cumpla con los trabajadores y que las nóminas se abonen los días 5 de cada mes “pues hay muchas personas que lo están pasando muy mal”. Ante las protestas de los sindicalistas, la policía tuvo que proceder a desalojarlos del salón de plenos.

La sesión trató una serie de puntos relativos, el primero de ellos a la resolución del contrato de explotación de pantallas digitales suscrito con la empresa Tural Macromedia Network España S.L. El punto fue aprobado con el voto favorable de todos los partidos políticos, aunque por parte del Partido Socialista se ha preguntado al equipo de gobierno por las razones que han impedido trasladar a este pleno la renovacióndel contrato de explotación de estas pantallas con otra empresa.

A continuación, se abordó el inicio del expediente de contratación del suministro eléctrico del Ayuntamiento, por periodo de cinco años prorrogables a otros dos, que también ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos.

El punto que mayor debate ha generado ha sido el relativo a la aprobación de dos operaciones de crédito a corto plazo, una por valor de un millón de euros y otra de 400.000 euros. La primera de ellas, destinada a clausurar una operación abierta con la Caixa por el mismo importe ha sido aprobada con el único voto favorable del PP, tras tener que intervenir el Interventor municipal a consecuencia de un error existente en el expediente. La segunda, ha contado con el voto favorable del PP y PSOE y el voto en contra de IU.

A continuación, se debatió la prorroga del convenio de colaboración suscrito entre la consejería para la Igualdad y Bienestar Social y el Ayuntamiento para la realización del programa de Tratamiento de Famílias con menores. El punto ha sido también aprobado por unanimidad.

En el apartado de mociones, la primera de ellas, presentada por el grupo popular, es la relativa a la solicitud de defensa mediante la presentación de recurso contra la Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas para Andalucía. Tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista han calificado esta moción como “pedagógica” y con un contenido más general que local. Finalmente, ha sido aprobada con los votos favorables del Partido Popular, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del PSOE.

A continuación, se ha debatido una moción presentada por Izquierda Unida, ante las reiteradas declaraciones poniendo en duda la homologación de los médicos del hospital del SAS. En este sentido, en dicha moción se solicita la depuración de responsabilidades en su caso y se ha denunciado la inseguridad ciudadana que crean este tipo de denuncias.

La portavoz popular, Rosario García, ha acusado a la edil socialista Ana Pureza Jiménez, de mentir en los proyectos que en materia sanitaria tiene comprometidas la Junta de Andalucía con la ciudad de La Línea de la Concepción.

La moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos.

En el apartado de ruegos y preguntas, por parte de Izquierda Unida se han planteado varias relativas, entre otras, a los problemas de saneamiento existentes en la calle Lepanto, sin que hasta el momento exista respuesta alguna por parte del equipo de gobierno; la multa a un edificio en la calle Cantizano y, en concreto, las gestiones realizadas por la concejal de Vivienda, Mari Cruz Atienza; el reciente fallecimiento del sindicalista Marcelino Camacho y la posibilidad de dotarle de una calle con su nombre, y el reciente anuncio sobre la contratación de una empresa para la realización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).