A la vista de las repercusiones informativas que Salustiano Muñoz del Campo sigue llevando a cabo, el equipo de Gobierno quiere aclarar que actualmente existen dos pleitos aún pendientes de pronunciamientos.

El primero de ellos se refiere a la demanda que en su día Francisco del Campo Urbano, tío carnal de Salustiano Muñoz del Campo, interpuso contra el Ayuntamiento impugnando la valoración que se llevó a cabo sobre una finca expropiada. Este pleito se zanjó con una sentencia favorable a la familia por la cual la indemnización a percibir se aumentaba en 72.000 euros, cantidad que se ha pactado abonar a razón de 4.000 euros mensuales. Se han abonado cinco mensualidades, siendo la última esta misma semana.

Esta cifra, que está siendo reclamada a su vez por el Ayuntamiento a los beneficiarios de la expropiación, que fue la junta de compensación del polígono Rosales Gibraltar, se está abonando a dicha familia y ello pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha solicitado en repetidas ocasiones que se acredite los motivos por los que la familia Muñoz del Campo ha adquirido el crédito que en su día fue reconocido a Francisco del Campo Urbano, es decir quiere el TSJ la documentación de la herencia, algo que han pedido en repetidas ocasiones.

Por otro lado, el segundo de los contenciosos se trata de la impugnación que en su momento los hermanos Muñoz del Campo llevaron a cabo sobre la adjudicación de cuarteladas en el mercado de mayoristas. Según criterio del Ayuntamiento, a éstos le correspondían una de ellas, mientras que los demandantes interesaban dos.

Por sentencia, el juzgado de lo contencioso entendió que ambos hermanos eran acreedores cada uno de una cuartelada. A la vista de la situación y debido a que un nuevo sorteo de puestos podía acarrear problemas de abastecimiento a la ciudad, este Ayuntamiento propuso al juzgado establecer en vez de la adjudicación de cuarteladas la satisfacción mediante una indemnización. Ante esta situación, Salustiano Muñoz del Campo ha solicitado ser indemnizado en 650.000 euros, cantidad que esta administración no duda que le corresponda, lo que interesa es que se acredite documentalmente que efectivamente los perjuicios que se le han podido causar asciende al referido montante económico