El alcalde de La Línea de la Concepción, Alejandro Sánchez, recibió en la noche del miércoles a los responsables de la Asociación Linense de Pensionistas y Ex trabajadores de Gibraltar (Alpeg), encabezada por su presidente, Manuel García Bado.

En esta reunión informaron a la primera autoridad municipal de las gestiones y decisiones que están tomando de cara a buscar la compensación que reclaman por el caso del cambio de la libra esterlina en época franquista, cuando trabajaban en Gibraltar y el Gobierno español obligaba a cambiar la divisa a una cantidad establecida menor a la real del mercado intercambiario, con la consiguiente merma económica de miles de trabajadores.

Hasta el momento tienen las firmas de más de dos mil perjudicados, si bien hicieron saber al alcalde que continuarán para llegar a las cuatro mil, insistiendo que no son firmas de apoyo, sino de ex trabajadores que se vieron perjudicados por esa decisión que duró muchos años.

Tal y como ya se conoció en la última asamblea que llevaron a cabo en el Palacio de Congresos, y con independecia de las gestiones emprendidas con el Banco de España, desean que ese trato que recibieron sea contemplado por el Gobierno dentro de la Ley 52/2007, conocida por la Ley de la Memoria Histórica. Esta ley contempla reparaciones por los agravios derivados de la dictadura, en el apartado por padecer una injusticia, como así califican lo que dejaron de percibir entre los años 1943 y 1969.

El alcalde les hizo ver lo acertado del planteamiento, esperando que alcancen pronto el número de firmas de perjudicados. “Conseguir esa declaración del Gobierno de haber sufrido los rigores de la dictadura en lo que a sus sueldos se refiere es un paso muy importante para que, finalmente y como se desea, tengan la compensación económica que en justicia les pertenece. Les he mostrado, antes y ahora, todo mi apoyo”.

Recordar que en enero de este año, el Banco de España comunicó por escrito que para reclamar lo que dejaron de percibir por el cambio fijo impuesto por el Estado, cifrado por los perjudicados en unos 243 millones de euros, deberían acogerse al Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, para iniciar un procedimiento administrativo por responsabilidad patrimonial.

“Por tanto, tanto ese camino y el de la Memoria Histórica deben ser emprendido y con celeridad, por cuanto hablamos de personas mayores que han tenido paciencia más que demostrada, pero por cuestiones de edad no pueden permitirse perder ningún día”, agregó el alcalde, quien compara este caso con las reparaciones que colectivos y sindicatos recibieron en su día. “En unos fueron temas patrimoniales y de inmuebles, en éste es económico”.