Cautela
El portavoz del colectivo, Cándido Solís, recordaba ayer que el grupo ha recibido hasta en tres ocasiones comunicaciones similares sobre la cercanía del cobro, sin que ninguna de ellas llegara a buen puerto.
Solís destacó que “no sería la primera vez que una administración hace un comunicado de este tipo y después no lo cumple”.
Por ello, tras años de movilizaciones, marchas y concentraciones, la cautela es una compañera más de viaje de estos ex empleados, en su mayoría trabajadores de más de 55 años.
Una prudencia que se acrecienta toda vez que los trabajadores no han recibido comunicación oficial alguna del plan de pagos por parte de la administración o los sindicatos.
Así, el portavoz lamentó “las formas” de dar a conocer el pago de Fogasa ya que considera “injusto” el haberse enterado por la prensa. “Hemos soportado días de lluvia, sol, vientos, viajes a Sevilla, Cádiz y Madrid, y sin embargo nadie ha tenido la deferencia de llamar al colectivo y comunicarnos la noticia”, apuntó.
Según se anunció el pasado martes, el secretario general del Fogasa resolvió el expediente de Metalsa este lunes, enviándolo a la Intervención General del Estado, para que los empleados puedan cobrar y distribuirse un total de 1.427.530,39 euros.
Restante
Sin embargo, a este primer cobro deberá seguir el del resto de la indemnización por despido, cifrada en unos 80.000 euros de media.
Para que este pago se haga efectivo, los ex empleados deberán esperar a que el juzgado subaste los terrenos en donde se asentaba la antigua fábrica.
Eso sí, el “calvario” que muchas de las familias atraviesan podría mitigarse, sobre todo en una coyuntura en la que un grupo de los afectados debe recurrir a los 420 euros de la ayuda estatal para subsistir. Una situación que se recrudece en otros casos, en los que la crisis ha golpeado “a familias enteras y cuyos hijos han tenido que volver al domicilio familiar”.
