La mayoría de los ayuntamientos del Campo de Gibraltar aún no han llegado a conocer el alcance real del agujero que les ha quedado del anterior mandato municipal. Durante la campaña electoral previa a los comicios del pasado 22 de mayo, la promesa de realizar una auditoría externa de las cuentas municipales, que aclarase la verdadera deuda de los consistorios y los posibles derroches e irregularidades del equipo de Gobierno anterior fue una constante en todos los grupos de la oposición.
Algunas de estas formaciones políticas -caso del PP en Algeciras y Jimena; el PA, en el Ayuntamiento de Los Barrios; o el PSOE, en La Línea-, están ahora en el poder con la responsabilidad de dar cumplimiento a este compromiso ante sus votantes.
Siete meses después de aquellos comicios, los mismos cuatro ayuntamientos mencionados son los únicos que, o bien han comenzado el proceso, o al menos han dado los primeros pasos para la puesta en marcha de auditorías con la participación de entidades externas, ya sea en materia de asesoramiento dentro de una auditoría interna, como en el caso de Algeciras; o bien sin la participación municipal, como en el caso de La Línea.
Algeciras
El Ayuntamiento de Algeciras es el que más se ha puesto las pilas. El equipo de Gobierno liderado por José Ignacio Landaluce anunciaba ya el 25 de junio, apenas dos semanas después de su toma de posesión, el inicio de las gestiones para poner en manos de una empresa el análisis de las cuentas municipales durante el anterior mandato.
El 20 de octubre, y tras varios meses sin apenas novedades al respecto, José Ignacio Landaluce informaba de que estaban “ultimando los pasos necesarios” para poner en marcha “una auditoría externa de las arcas municipales” y constatar así “el volumen real de la deuda que se arrastra”, la cual cifraban en unos 232 millones de euros.
El equipo de Gobierno se había puesto en contacto con “varias empresas de reconocimiento internacional” con idea de tantear costes y ver los posibles procedimientos.
Finalmente, a finales del pasado mes de noviembre el Consistorio daba una vuelta de tuerca al proceso al anunciar que éste se haría a través del interventor municipal -es decir, lo que se conoce como una auditoría interna- si bien se propuso una fórmula híbrida en la que una empresa externa llevaría a cabo las labores de asesoramiento y garantizaría la transparencia del proceso.
Desde el primer momento se advertía de que, para la puesta en práctica de esta auditoría a la vez interna y externa, la colaboración de la entidad privada no entraría en conflicto, en ningún momento, con la independencia y capacidad del interventor municipal.
Ello, en cualquier caso, levantó ciertas suspicacias por el hecho de que la firma asesora no contaría con las mismas atribuciones que en el caso de que la auditoría se produjera de forma externa.
Sin embargo, desde el Equipo de Gobierno se quiso dejar claro que los motivos eran que una fiscalización externa de las cuentas municipales sólo se podía llevar a cabo desde la Cámara de Cuentas de Andalucía o el propio Tribunal de Cuentas.
De este modo, se abría un proceso concursal del que saldría como empresa asesora la firma KPMG.
A finales del pasado mes de enero, se daba publicidad desde el Ayuntamiento a una reunión entre los técnicos municipales encargados de la Auditoría y la empresa escogida para el asesoramiento, con idea de avanzar en la ejecución del informe.
Por parte del Ayuntamiento, estuvieron también presentes en esa reunión el alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde delegada de Contratación, Eva Pajares.
Desde aquel momento, se otorgaba a los responsables de la firma un espacio específico en las dependencias municipales para poder desarrollar su labor.
Si bien quisieron dejar claro que no quieren presionar ni al interventor ni a la empresa, de cara a que se realice el proceso con todos los tiempos necesarios, Landaluce puso de manifiesto que espera que los resultados de la auditoría se den a conocer antes del próximo verano.
La Línea
En el caso de La Línea es donde se han dado las noticias más recientes, después de que el pasado lunes se reuniera la mesa de contratación como primer paso para la adjudicación final, prevista la próxima semana.
La alcaldesa, Gemma Araujo, recordó que la auditoría revisará “las cuentas del Ayuntamiento y las sociedades municipales desde 2007 a 2011”. Araujo se mostró convencida de que “han sido muchas las irregularidades que hemos denunciado”, las cuales quieren seguir destapando a través de este procedimiento.
“Si el despilfarro fuese delito, aquí estarían el ex alcalde y el resto de concejales condenados”, mencionó. En este sentido, Araujo apuntó que “aquí ha habido despilfarro descomunal en sueldos y gastos” y que para ello “pretendemos revisar las cuentas” para ver “si todo se ha hecho acorde a la ley.
En cuanto a las sociedades municipales, recordó que “la mayoría de ellas están en liquidación, con pérdidas” y, en caso de Somdeco, tan “evidentes” como para plantear un ERE. Araujo cree que “los ciudadanos conocen las circunstancias” pero que la auditoría “vendrá a esclarecer un poco más”.
Urtasa
El caso de Tarifa es particular puesto que la necesidad de una auditoría externa se ha trasladado únicamente a la empresa pública, Urtasa, dedicada a asuntos urbanísticos. La idea del equipo de Gobierno, como trasladó el edil Juan José Medina, es “poder presentar el balance del 2011 y el 2010” y auditar, posteriormente, el 2012.
El pasado 14 de febrero se publicó el pliego de condiciones en el que se detallaba este aspecto, y se fijaba un precio de 6.000 euros más IVA por cada año auditado.
El concejal de Tarifa espera que el proceso comience a finales de este mes, ya que “nos urge presentar la liquidación de la empresa pública”, porque “nos han retenido las PIE” por no presentar las cuentas a tiempo. En 2009, tuvo un balance de liquidación positivo de 8.000 euros.
Jimena
El alcalde de Jimena, Guillermo Ruiz, recordó que su municipio contrató en verano a un economista particular por una cuantía de unos 20.000 euros y cuyas funciones eran la de auditar las cuentas municipales y la elaboración de un plan de saneamiento.
El acuerdo tiene un plazo de duración de un año, y con su ayuda piensan también destapar una serie de irregularidades que vienen denunciando desde antes de las Elecciones Municipales.
San roque
En lo que se refiere a San Roque, el concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, reiteró que en el municipio no tienen, por el momento, intención de efectuar una auditoría externa para las cuentas municipales, aunque reconoció que “las empresas municipales las tenemos auditadas” y que en marzo se conocerán los datos. También Emgreal, participada en un 49% por Sotogrande, tiene auditadas sus cuentas hasta 2010. Este año será, además, el primero en el que Amanecer tenga que rendir sus cuentas como empresa municipal. Mayoral avanzó, además, que, en unas tres semanas, presentarán, tras las gestiones internas, la liquidación del 2011.
Los Barrios y Castellar
La precaria situación económica de los ayuntamientos ha dado lugar a que sus alcaldes busquen las fórmulas más baratas para dar cumplimiento a sus promesas electorales, entre ellas la auditoría externa de las cuentas.
Este es el caso del alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, quien durante la campaña firmó ante notario la puesta en marcha, durante su mandato, de una auditoría externa de las cuentas municipales, un proceso que aún no se ha concretado siete meses después de los comicios.
Sin embargo, y según desvelaron fuentes municipales, han sido ya varios los pasos dados por el primer edil y su equipo de Gobierno en este sentido. En el presupuesto vienen consignados unos 300.000 euros para la auditoría externa, si bien la intención del Consistorio es no tener que echar mano de esa cantidad.
La fórmula ha sido solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía la realización de la Auditoría, algo “difícil” ya que esta entidad sólo realiza la de unos pocos ayuntamientos cada año. Hay que recordar que Los Barrios no ha presentado nunca las cuentas a la Cámara desde 1997.
En caso de que esta fórmula no funcione, su segunda opción sería que la hiciese la Diputación Provincial de Cádiz, informaron desde el Consistorio. Si ambas no resultasen, elegirían a una empresa externa mediante concurso. Quieren tenerla antes de final de año.
El otro consistorio que ha intentado esta fórmula ha sido Castellar. Su alcalde, Juan Casanova, admitía a este diario que en su momento solicitó a la Cámara de Cuentas la realización de un proceso auditor. Al no haber respuesta, el proceso se lleva a cabo de manera interna.