los conflictos que más dolores de cabeza han causado en el último año al Ayuntamiento y, sobre todo, a los jerezanos, han llegado de la mano de la plantilla de los servicios públicos municipales prestados por el Consistorio a través de concesiones administrativas a empresas externas. La eterna huelga de los trabajadores de Urbanos Amarillos o la acampada de las mujeres de Acasa en un escenario municipal verdaderamente complicado ha atosigado al Gobierno local hasta la saciedad, y llegados al nuevo punto de inflexión que abren los fondos ICO al ponerse al día con los acreedoreshasta diciembre de 2011, toca replantearse otras fórmulas para que el termómetro de las deudas no vuelva a marcar 39ºC.
Entre las posibles opciones, la gestión directa de los servicios, esto es, la municipalización, es que la reúne más adeptos para empezar a allanar el camino del ahorro que tan urgentemente necesita el Gobierno local del PP para salir a flote. Tanto partidos políticos como los propios sindicatos ven con buenos ojos esta opción, siempre y cuando se haga de forma progresiva y el rescate del servicio no suponga una merma en las condiciones laborales de los empleados en cuestión.De este modo conceptos como el IVA, los beneficios industriales o las infraestructuras que ahora tiene que pagar el Ayuntamiento a empresas como Urbanos Amarillos, Limasa o Urbaser se quedarían “en casa”, sin contar con que el servicio ganaría también en calidad. Izquierda Unida lo ha planteado desde 2010 por activa y por pasiva en su Plan de Viabilidad para el Ayuntamiento y también en su enmienda al Plan de Ajuste presentado por el PP, alertando del alto coste de las facturas a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento por la prestación de estos servicios a través de concesionarias.
Haciendo cuentas, la gestión directa repercutiría en una reducción de costes de entre 9 y 7 millones de euros anuales. Sin embargo, a lo largo de estos años, como expone el portavoz de IU, Joaquín del Valle, la necesidad de ajustarse por ley al pliego de condiciones firmado por contrato con estas entidades externas, sobre todo en lo que respecta a los “gigantes” de Urbaser, ha condicionado el servicio y las condiciones de la plantilla, más que el ahorro. “A estas empresas le salía más rentable que el Ayuntamiento les debiera dinero, por los intereses que se cobrarían con las demoras en los pagos y los trabajos extraordinarios”, añade.
Pero aparte del volumen de una deuda que ahora se pondrá a cero, a menos hasta diciembre de 2011, como exponen desde IU, las dificultades financieras por las que han atravesado estos años algunas de estas empresas al no recibir las cantidades acordadas por contrato por parte del ente municipal se han traducido en situaciones de retraso en el pago de los salarios de la plantilla y, una vez más, deficiencias en los servicios prestados. Un extremo al que la alcaldesa ya ha advertido que no está dispuesta a llegar, tras redundar en que el PP se mantendrá vigilante para que el contador de deudas con acreedores siga estando a cero y no vuelva a entramparse a los niveles a los que se ha hecho en las últimas décadas.
En este sentido, desde el PSA su secretario local Santiago Casal también apuesta por el rescate de los servicios, aunque reconoce la dificultad de meterle mano al que prestan grandes empresas como Urbaser. “Si puede parecer que la situación económica del Ayuntamiento haría inviable rescatar servicios, es cierto que algunos como los prestados por Teconma (parques y jardines) o Limasa (limpieza de colegios públicos y dependencia municipales)son más fáciles y otros como Urbaser (limpieza viaria) más complicados, pero la principal ventaja es que el servicio sería de mayor calidad porque el objetivo final del Consistorio es prestar un buen servicio y no ganar dinero, que es lo que va a intentar siempre la empresa externa para ahorrar coste en detrimento del servicio ofrecido”, apunta. Por ello, en la misma línea que Izquierda Unida, Casal es partidario de que el Consistorio vaya absorbiendo “poco a poco” servicios básicos e imprescindibles a los que la ley obliga como el transporte público, la limpieza viaria o el alumbrado. Todos ellos, en el caso de Jerez, se han visto gravemente deteriorado por el pulso mantenido por sus respectivas concesionarias y el Ayuntamiento por no estar al día en los pagos.
De igual manera, para que este planteamiento funcione, como mantienen, hay que organizar la plantilla municipal y amortizar las plazas, subrogando por supuesto a los trabajadores de las concesionarias. “Habría que aprovechar los recursos existentes, reciclar funciones que no son necesarias en beneficio del servicio que se preste en al ciudad a partir de departamentos como infraestructuras o medio ambiente”. En la misma tónica, desde el PSOE no han tardado en reivindicar, pero ya desde la oposición, la municipalización de servicios como Limasa o el rescate de Urbanos Amarillos, para evitar que los conflictos y la mala prestación de estos servicios acaben siendo crónicos, como prácticamente ha ocurrido a lo largo de este último invierno. Una postura, la de subirse al carro de la “municipalización” por parte de algunas fuerzas políticas como esta última o Foro Ciudadano, el partido del exalcalde de Jerez Pedro Pacheco, en la que desde el PSA atisban cierto oportunismo teniendo en cuenta la trayectoria de ambas formaciones. “Ahora hay algunos que proponen municipalizar cuando sabemos quien hizo todo lo contrario, al libre albedrío, externalizando todos los servicios en los 90 salvo infraestructuras y poco más. El PSOE no hizo nada y luego se apuntó al carro y el PP no está por la labor en su política de cuanto menos público, mejor”.
“Los empleados de Los Amarillos no le han robado nada a nadie”
Desde los sindicatos ven positivo todo lo que sea municipalizar y “devolver” servicios prestados por las concesionarias para ahorrar costes siempre y cuando se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores y el planteamiento no pase por rescatar determinados servicios “a toda costa”. “Nosotros siempre vamos a defender todo lo que sea público pero reivindicando los puestos de trabajo de las concesionarias, que no se pierda ninguno, porque empleados como los de Los Amarillos o Urbaser han peleado toda su vida para tener sus convenios y han conseguido dignamente lo que tienen ahora. No le han robado nada a nadie, y lo mismo pasa con Urbaser, cuyos trabajadores también han perdido mucho y ahora están desilusionados y tienen que aguantar las críticas de la ciudadanía”, apunta la presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo. Para la sindicalista, la principal sombra de un progresivo rescate de servicios residiría en las consecuencias negativas a las que, en su opinión, ha conducido esta privatización o concesión a terceros de servicios públicos. “Ahora en el caso de los autobuses el Ayuntamiento se tiene que enfrentar a un servicio en el que los vehículos son tercermundistas y hay que reflotarlos mientras que las arcas municipales están al borde del colapso y los bancos no dan un duro”. En la misma tónica, desde UGT ven “factible” que el Ayuntamiento recupere el “mando” de estos servicios porque, por ejemplo, ve un sinsentido que “hayamos llegado a tener hasta tres clases de jardineros para Urbanismo, el propio Ayuntamiento...”. señala Alfonso Cárdenas, que coincide con Calvillo en que el “único temor” que tienen es que el personal que se municipalice “vaya en peores condiciones que el del Consistorio.
“El Consistorio no está en condiciones de municipalizar nada”
Los vecinos no parecen tenerlo tan claro como los partidos políticos y los sindicatos. Para empezar, dudan del revulsivo que supondrán los fondos ICO para la ciudad porque aunque entienden que “la gente tiene que cobrar”. También tienen claro que “van a recibir dinero empresas que ya ni siquiera existirán”. El presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Solidaridad,Sebastián Peña, considera que el Ayuntamiento en estos momentos “no está en condiciones de municipalizar nada”, aunque reconoce que el ‘secuestro’ del servicio de autobuses urbanos puede suponer “la única forma para poder cobrar”. Sin embargo, para Peña, que el Ayuntamiento vaya a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a casi 400 trabajadores es razón de peso para que el Gobierno local no recupere servicios municipales que desde hace años están en mano de las concesionarias. “¿Cómo se van a municipalizar ahora más servicios si hay pendiente un ERE. Cómo se van a echar a casi 400 y se van a admitir a más?”, se pregunta. Para Peña, que denuncia la asfixia económica que sufre el movimiento vecinal, “no es el momento” para que el Ayuntamiento jerezano se replantee que la gestión directa se imponga a las concesionarias, al menos en estas circunstancias tan complicados para la ciudad y el ente municipal por la crisis.
