La delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud, ante las informaciones difundidas por el portavoz de la PAH de Jerez, comunica que la persona afectada por un posible desahucio en la barriada de La Vid no se ha dirigido a los servicios sociales y tampoco, según las informaciones recibidas, a las asociaciones del ámbito de lo social que trabajan en la zona para dar conocimiento de su situación. No obstante, desde primera hora de la mañana de hoy los técnicos municipales de los servicios sociales están trabajando en el asunto a pesar de no tener conocimiento directo del mismo por parte de la persona afectada.
Desde el inicio de la legislatura el Gobierno municipal ha adoptado varias medidas con las familias en una situación de especial vulnerabilidad social, que demuestran la sensibilidad ante problemas de importante calado social. Entre estas medidas el Ayuntamiento de Jerez ofrece, en la sede de Bienestar Social y, por derivación en todas las siete Unidas de Trabajo Social, un servicio de valoración, información y asesoramiento en la Oficina de Información Hipotecaria (OIH) a todas las persona y familias afectadas o en riesgo de perder su vivienda por impago de hipoteca.
Esta Oficina municipal comenzó a funcionar en abril, en virtud del convenio suscrito el 23 de febrero pasado entre el Ayuntamiento (Emuvijesa) y el Colegio de Abogados, que tras recibir los expedientes de la OIH asume el proceso legal tendente a buscar la solución que mejor se adapte a cada caso, actuando los letrados como intermediadores entre el ciudadano y la entidad bancaria con el fin de frenar el proceso judicial.
El actual Gobierno municipal además ha adoptado otra medida igual de importante como es la no ejecución de ningún desahucio en viviendas públicas (Emuvijesa); asimismo desde que se inició la actual legislatura no se han iniciado expedientes de desahucio en las viviendas públicas de la ciudad, a pesar de que el número de impagos ha pasado de 3,28% al 9,8% desde 2008.
Asimismo, el Ayuntamiento de Jerez se ha adherido al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas, impulsado por el Gobierno central y suscrito con la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades de crédito, una nueva medida que demuestra la sensibilidad de este Gobierno municipal ante problemas de importante calado social.
Este fondo está destinado a las familias demandantes de viviendas que no superen una renta de poco más de 19.000 euros al año; que no sean propietarias de ninguna otra vivienda; que sean familia numerosa o monoparental, con dos o más hijos y estar en situación de desempleo y haber agotado el cobro de la prestación.
