Desde el Partido Popular de Jerez se han realizado una serie de apreciaciones en torno a las informaciones y comentarios que se han venido produciendo en torno a la apertura de causa para investigar si la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004. El PP sostiene que se está incurriendo "en términos inexactos que pueden llegar a confundir a la opinión pública".

En este sentido, expone que la admisión a trámite y apertura de causa por el Tribunal Supremo en relación a la contratación de FITUR realizada por el Ayuntamiento de Jerez en el año 2003 "sólo implica que el Tribunal Supremo iniciará la investigación que considere oportuna para esclarecer los hechos y en su caso  adoptar las decisiones que se deriven de las mismas. Cabe destacar que hasta el momento María José García- Pelayo no se ha manifestado en sede judicial y reiterar que por dos veces ha solicitado la declaración voluntaria con el fin de que la tramitación del proceso se agilice y pueda culminar con la mayor brevedad posible".

En segundo lugar, exponen que "se falta a la verdad cuando se afirma que María José García- Pelayo ha sido imputada por el Tribunal Supremo y por tanto se solicita la rectificación de esta expresión porque no se ajusta a la verdad y a pesar de que se una figura  jurídica de garantía procesal en el ámbito político supone un menoscabo de la fama de las personas".

Como ya han manifestado en ocasiones anteriores, reiteran que "este proceso se ha alargado durante más de 8 años y es interés de los populares  que la próxima disolución de las cortes no suponga una interrupción en el desarrollo del mismo y que pueda culminarse su tramitación".

Por último recuerdan que los hechos investigados no se refieren a la utilización de dinero público con intereses personales ni de terceras personas vinculadas y "exclusivamente se centra en la tramitación administrativa de un expediente por lo que cualquier juicio de valor más allá de la realidad de este proceso se aleja del interés de conocer la verdad".