La Diputación de Cádiz, reunida en sesión plenaria urgente, ha aprobado, con los votos favorables de todos los Grupos Políticos excepto la abstención del Grupo Popular, que la residencia Hogar Los Dolores, de Jerez, pase a ser gestionada por AFANAS. El cambio de entidad responsable de atender a las personas allí residentes se debe a la no continuidad de la anterior entidad, la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, ante la imposibilidad de adaptarse al cambio normativo que afecta a las condiciones que deben cumplir las concesionaras para la prestación de este tipo de servicios de atención a la dependencia.
La diputada de Desarrollo y Bienestar Social, Isabel Armario, ha explicado que la prioridad era asegurar el mantenimiento del servicio, así como los motivos por los que ha sido necesaria la convocatoria de este Pleno de carácter urgente, ya que el convenio que regía esta relación entre la Congregación y la Diputación firmado en 2001 por un período de quince años, tiene vigencia hasta mañana sábado día 13, por lo que se hacía necesario que el Pleno refrendara el acuerdo alcanzado entre AFANAS para que pudieran hacerse cargo del servicio sin perjuicio de los usuarios del centro.
Las conversaciones con las Hermanas de la Caridad se han mantenido hasta el pasado martes, en que definitivamente se ha determinado la imposibilidad de adaptarse a los parámetros que exige el nuevo marco normativo, por lo que la Diputación ha buscado una alternativa cuya puesta en marcha requería el refrendo del Pleno de la Institución Provincial. La diputada ha explicado que la prioridad era mantener la prestación del servicio y cumplir los estándares de calidad necesarios, algo que AFANAS asegura por su amplia experiencia, y que se ha actuado con la máxima urgencia para que no existiera ningún período en que el servicio dejara de funcionar con normalidad. Desde el domingo AFANAS ya se responsabilizará del cumplimiento del acuerdo y la atención a las 34 personas del centro.
El convenio tiene vigencia hasta septiembre, y es prorrogable hasta fin de año, con el fin de que en este período se elabore con mayor espacio de tiempo el documento definitivo que regule este servicio a más largo plazo.
El diputado de Función Pública, Fran González, ha ofrecido detalles sobre las repercusiones que este convenio depara a los trabajadores. En el caso de las personas contratadas por la Congregación, serán subrogados por la nueva empresa. El personal de la Diputación ha mantenido una reunión con el diputado y la diputada de Igualdad y Bienestar social, en el que se les ha ofrecido distintas alternativas dentro de las dependencias con que cuenta la Institución Provincial, tanto en otros equipamientos de asistencia a personas mayores, como en otras dependencias radicadas en Jerez de la administración provincial, acordes con su capacitación profesional.
Fran González también ha explicado que el actual equipo de Gobierno considera, y así lo plasmó el Pleno de septiembre de 2015, que los servicios sociales comunitarios y especializados, así como los centros de drogodependencias y el mantenimiento de las infraestructuras ligadas a estas actividades, son sectores prioritarios, y que por lo tanto, los servicios prestados en el Hogar Los Dolores son “una competencia propia”. En este sentido ha garantizado la no privatización de este servicio.
En el Hogar Los Dolores se presta atención integral individual y grupal y un abordaje interdisciplinar a una población heterogénea con un alto ratio de profesionales por paciente, donde concurren circunstancias comunes de larga convivencia que ha propiciado el establecimiento de vínculos emocionales importantes. Por ello, la continuidad de los profesionales contribuye decisivamente a la calidad del servicio al no generar episodios de estrés ante los cambios. Cabe recordar que las 34 personas residentes presentan distintos cuadros de dependencia severa.
La Diputación ofreció a la Congregación de la Caridad continuar con la prestación del servicio, pero para renovar el convenio era necesario que se adaptara al nuevo marco normativo, para lo cual era condición indispensable asumir su titularidad, algo que la entidad religiosa declinó.
